La Comisión de Constitución ha hecho un seguimiento de la ley de responsabilidad penal adolescente y sus conclusiones se entregarán al Ejecutivo para que se hagan las modificaciones urgentes que requiere este cuerpo legal.
¿Por qué se hizo esta evaluación? Por los malos resultados que ha tenido dicha ley.
En lo personal, me tocó vivirla de manera directa, porque hay una relación estrecha entre droga y delito que parte en la adolescencia, y como Corporación La Esperanza nos tocó abordar y administrar dos centros que se terminaron devolviendo a los propios servicios porque no tenían derivaciones. Eran centros que estaban vacíos.
Para juzgar los resultados de esta ley se debe tener en cuenta la variable de la reincidencia y según un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, los primeros niveles de reincidencias son extremadamente altos en todas las modalidades. En los centros de internación de régimen cerrado, se da un 79% respecto de cualquier nueva causa de adolescentes reincidentes; y un 65.9% respecto de nuevas condenas en sistemas cerrados. El promedio entre el sistema cerrado, semicerrado, libertad asistida especial, libertad asistida y trabajos en beneficio de la comunidad, respecto de cualquier nueva causa alcanza al 70,1%; y el caso de nuevas condenas, un 55,2%.
Si se toma en cuenta la edad de las reincidencias, se advierte que hay un salto muy importante: entre los 14 y 15 años hay un cambio; de los 15 hacia delante se mantienen con tasas relativamente estables. Esto nos indica que hay que intervenir de manera precoz, a los 14 años, para parar el tema.
Hay una tercera variable, demasiado importante y muy determinante, que dice relación con que si estos menores tienen antecedentes penales anteriores. Y las cifras indican que cuando un adolescente entra al círculo del delito cuesta mucho sacarlo, particularmente cuando hay una nueva condena.
En lo que respecta a la institucionalidad, el hecho que las mayores reincidencias se produzcan en el sistema cerrado es una tremenda voz de alerta para el SENAME y Gendarmería.
Tampoco han operado bien los mecanismos dispuestos para quienes no están privados de libertad. Un ejemplo de ello es la pena accesoria de derivar a menores a tratamientos de rehabilitación, que no se ha aplicado porque los jueces han entendido que se estaría penalizando dos veces al adolescente. Yo soy de la idea que cuando hay droga de por medio sea obligatorio derivar al joven a un tratamiento.
En tanto, la libertad asistida ha sido el mecanismo que más se ha utilizado, pero ha habido una falla garrafal absoluta de los delegados que no están preparados para abordar esta temática. Se deriva después de años, pasan años muchas veces cuando se deriva a instituciones especializadas.
Falta mayor especialización y mayor idoneidad de los delegados para la libertad asistida. Si esto no mejora sustancialmente, lamentablemente los resultados van a ser extremadamente malos.
En el caso de drogas hay que intervenir de inmediato, porque hay casos que se derivaban a un tratamiento especializado recién después de siete meses.
Algo que ha dado resultados son los llamados tribunales de tratamiento de drogas que le entregan al joven la opción de seguir el proceso o paralizarlo, sujeto a un conjunto de condiciones para que se rehabilite y si lo cumple, es como si nunca hubiese cometido el delito. Esto ha dado muy buen resultado en Chile y en el mundo, y es lo que tenemos que ampliar como política pública.
Se requiere una actitud muy resuelta para modificar la ley de responsabilidad adolescente. Con este informe, al Gobierno se le han dado las garantías que cuenta con el respaldo y con el concurso de este Parlamento para avanzar, en forma rápida y decidida, en una modificación de este cuerpo legal, para perfeccionarlo y cumplir los propósitos de sacar a la brevedad a los adolescentes del círculo del delito. Y lo más importante, de poder reinsertarlos eficazmente, con una mirada rehabilitadora en una normativa de carácter penal, que es el enfoque correcto respecto a la justicia juvenil.
Jaime Orpis
Senador
