Defensoría argumenta que empresa DEFEX Ltda. ha dado sucesivos incumplimientos a los estándares de defensa y a las condiciones de otorgamiento de las prestaciones convenidas.

El Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, confirmó que la institución envió al Consejo de Licitaciones la solicitud de finiquitar anticipadamente el contrato de servicios legales contraído con la empresa DEFEX Ltda., medida que se fundamenta en la constatación de sucesivos incumplimientos a los estándares de defensa y a las condiciones de otorgamiento de las prestaciones convenidas.
“El interés primordial de nuestra institución es asegurar una prestación de defensa conforme a estándares básicos, que no se estaban cumpliendo adecuadamente. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida, para resguardar los intereses de nuestros usuarios”, explicó el Defensor Regional.
La Defensoría está informando a los imputados y demás intervinientes las medidas que adoptará para asegurar la defensa en la región, entre las que se contempla la contratación directa de abogados, hasta realizar una nueva licitación en el más breve plazo.
La decisión de la Defensoría fue adoptada luego de que en los últimos meses se detectaran graves fallas en la atención de los casos entregados a esta empresa licitada, tanto en la calidad de la defensa jurídica como en el abandono de casos, falta de visitas carcelarias y problemas de comunicación con los imputados. Todo esto ocasionó un aumento sustancial de reclamos de defensa, que dieron lugar a reiterados procedimientos sancionatorios.
El contrato en trámite de cierre comenzó a regir el primero de enero de 2011 y debía terminar el 31 de diciembre de este año. El defensor regional entregó personalmente la notificación oficial de su finiquito anticipado al representante legal de la empresa.
El Consejo de Licitaciones supervisa y autoriza las licitaciones de la Defensoría Penal Pública y en este caso específico, debe decidir sobre el término de contrato solicitado por el Defensor Regional. Está conformado por los titulares o representantes del Ministro de Justicia, de Hacienda, de Planificación y Cooperación, además de dos académicos, designados uno por el Consejo de Rectores y otro por el Colegio de Abogados.