“Derechos de las personas con discapacidad y acceso a la justicia”, nombre de la actividad que realizan en conjunto el Poder Judicial y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en la región.
TALLER
Magistrados y funcionarios de los tribunales de Arica participaron en el taller “Derechos de las personas con discapacidad y acceso a la justicia”, actividad que realizan en conjunto el Poder Judicial y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en la región.
Este taller, que se desarrolló en el Hotel Diego de Almagro, estuvo encabezado por los magistrados David Soto y Óscar Agurto, del Juzgado de Familia de Arica, y por la directora regional del Senadis, Lilian Rojas, quienes junto a funcionarios de ambas reparticiones dialogaron sobre la importancia de potenciar la palabra “inclusión” en los tribunales locales.
Al respecto, Carmen Campusano, administradora zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), explicó que en Arica se están implementando iniciativas para lograr mayor accesibilidad en los tribunales, destacando la instalación de mobiliario especial para los discapacitados en la zona de atención de público y la adquisición de tres sillas de rueda que se encuentra disponibles en la Corte de Apelaciones, el Juzgado de Familia y el edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y al Juzgado de Garantía de la ciudad.
“La idea es promover políticas y programas tendientes a eliminar las barreras que entorpezcan su desarrollo y en nuestro acceso permitan el acceso a la justicia, eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, tanto por problemas de infraestructura, lenguaje, trato, etc.”, manifestó.
Este taller forma parte de un acuerdo suscrito entre el Poder Judicial –a través de la CAPJ– y Senadis para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En lo medular, esta alianza busca establecer nuevas iniciativas tendientes a asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad dentro del Poder Judicial, mejorar las actuales condiciones de acceso e infraestructura de los tribunales y contribuir en la toma de conciencia de toda la comunidad jurídica respecto de las personas discapacitadas.