Hace un tiempo el epidemiólogo Roberto del Águila, de la sección chilena de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo que “los índices de depresión y problemas de salud mental en Chile son de los más altos de la región y del mundo”. Y los niños y niñas, particularmente quienes han tenido una infancia vulnerable, no son la excepción.
Existe una profunda necesidad de mejorar las intervenciones que se realizan en residencias y otros programas de la red de colaboradores de SENAME, que trabajan a diario con niños, niñas y adolescentes diagnosticados con trastornos de salud mental, y que constituyen un importante porcentaje de los niños actualmente vigentes. Muchos de ellos presentan problemas de conducta propios del desarrollo o tienen experiencias traumáticas no resignificadas. Sin embargo, parte de estos trastornos también son atribuibles o pueden tener su origen en las características de los procesos de institucionalización que se dan en los diferentes establecimientos residenciales.
Desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, se planteó el desafío de reducir el número y el tamaño de los dispositivos de atención residencial, en pos de privilegiar la atención en familias de acogida y en pequeñas residencias insertas en la comunidad, además del cuidado en una familia adoptiva y el desarrollo de programas de fortalecimiento familiar, capaces de prevenir la pérdida de los cuidados parentales, como hoy lo hace Aldeas infantiles SOS en el país.
Por ello, la vinculación entre los procesos de desinstitucionalización y el desarrollo de un modelo de atención de salud mental al interior de los sistemas residenciales, fue lo que planteamos en el segundo Conversatorio organizado por Observa y Aldeas Infantiles SOS el pasado viernes 08 de julio, al que asistieron expertos y diversos profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
En esta importante convocatoria coincidimos en que se debe evitar el desarraigo y la desvinculación para lograr resultados positivos en sus tratamientos. Estos niños y niñas deben llevar una vida normal, y la hospitalización debe ser el último recurso en una escalada de pasos previos que determinen la necesidad imperante por internarlos.
Actualmente se desconoce el número de niños, niñas y adolescentes institucionalizados que requieren atención de salud mental, porque no es un dato a la mano en los procesos de intervención, pero sí el Estado debiera recabar esta información para actualizar y mejorar los tratamientos y dirigir los recursos de forma más eficiente.
La institucionalización tiene graves riesgos y siempre daña. Por tanto, tenemos una deuda superior en cuanto a cómo las instituciones se están haciendo cargo de esta compleja realidad infantil. Sólo nos queda agregar la importancia de discutir esta problemática y que logremos avanzar en una importante arista a la hora de hacer realidad el derecho de los niños y niñas a vivir en el seno de una familia.
Juan Pablo Orlandini,
Director Nacional Aldeas Infantiles SOS
