De manera inédita en una región- Arica y Parinacota- Jorge Bermúdez rindió la Cuenta Pública 2016, ante la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, Ministros de Estado, parlamentarios, subsecretarios, los máximos representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y autoridades de esta zona extrema del país.

Con la convicción de que la Contraloría “es y debe seguir siendo una pieza fundamental de la institucionalidad de la probidad”, el Contralor General, Jorge Bermúdez, rindió la Cuenta Pública 2016, en Arica.
Planteó que el Órgano de Control que lidera debe ejercer durante el presente año no solamente sus funciones tradicionales, sino que enfrentar una serie de desafíos, algunos de los cuales dependen de la entidad y otros exigen cambios normativos, mencionando entre ellos la consolidación de las modificaciones orgánicas para focalizar el trabajo en los temas prioritarios para la ciudadanía y de alto impacto en el uso de los recursos públicos.
También abordó como trabajo para 2017 el fortalecimiento del compromiso público de la Contraloría, el resguardo del principio de probidad, el perfeccionamiento de la institucionalidad pública y la necesidad de precisar las normativas legales, por ejemplo, en materia de transportes públicos de pasajeros en regiones.
A la ceremonia, que se efectuó de manera inédita en una región, asistieron las más altas autoridades del país, encabezadas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. También estuvieron presentes Ministros de Estado, parlamentarios, subsecretarios, los máximos representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, la Intendenta Regional. Asimismo, el Contralor Regional de Arica y Parinacota, Hugo Segovia; secretarios regionales ministeriales, y directivos de servicios públicos, alcaldes, así como jefaturas y funcionarios de la institución.
En su exposición de 28 minutos, en el auditorio de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, el Contralor Bermúdez destacó los principales avances: fiscalización a 653 entidades de los sectores municipal y no municipal; 4.290 auditorías, investigaciones especiales, denuncias ciudadanas e inspecciones de obra pública; tramitación de 22.347 actos administrativos afectos a la toma de razón; y 19.575 dictámenes y oficios de abstención anónimos.
Detalló luego los resultados de los ejes comprometidos, como el Plan Estratégico CGR 2017-2020, que estableció 8 objetivos estratégicos: más y mejores fiscalizaciones; agilizar y simplificar los productos jurídicos; apoyar el fortalecimiento del sector público; promover la probidad y combatir la corrupción; mejorar la calidad de nuestro trabajo; eficiencia, eficacia y economicidad internas 3E; un mejor lugar para trabajar y difundir nuestra labor. También mencionó la creación de las dos Contralorías Regionales Metropolitanas para mayor eficiencia y distribuir mejor las cargas de trabajo.
En relación con la nueva función de la Contraloría sobre las declaraciones de intereses y patrimonio, recordó que se habilitó la plataforma www.declaracionjurada.cl, que ha recibido más de 100 mil declaraciones, y ha funcionado de manera satisfactoria. Puso de relieve que ahora la Contraloría puede hacer cruces de bases de datos y verificar la oportunidad, completitud y veracidad de las declaraciones.
Al referirse al nuevo enfoque de la Función de Auditoría, las 3E, sostuvo que responde a la necesidad de pasar de la legalidad formal a la legalidad material, y que es un insumo relevante para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a la buena administración.
Informó, asimismo, que sostuvo 89 audiencias con diputados y senadores y que asistió en 21 ocasiones al Congreso, relevando el aumento del trabajo por los requerimientos de los parlamentarios (un total de 479).
También se refirió al inicio de los convenios de Apoyo al Cumplimiento con entidades del sector público y que buscan sistematizar las observaciones del servicio y fijar un plan para superar dichas observaciones.
Otra iniciativa colaborativa fue la puesta en marcha del Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA), sobre el cual indicó que “esperamos que sea el lugar de habilitación por el que deba pasar todo aquél que pretenda ejercer la función pública como profesional del Estado de Chile”.
DESAFÍOS 2017
Al detallar los desafíos para 2017, planteó la necesidad de consolidar los cambios orgánicos y fortalecer el compromiso público de la institución a través de la ejecución de exámenes preventivos de juridicidad en el ámbito municipal, previo convenio; efectuar cambios normativos en materia de sociedades médicas; ampliar los bienes a declarar en las declaraciones de interés y patrimonio (depósitos a plazo, saldos en cuenta corriente, cuentas y libretas de ahorro, los APV, los APVC y depósitos convenidos, seguros de vida con ahorro y seguros de vida en general); y establecer una regla general de exclusividad en el ejercicio de la función pública respecto de autoridades o funcionarios directivos o de escalafones profesionales y fiscalizadores contratados a jornada completa. “Una regla así evitaría conflictos de intereses potenciales y reales”, afirmó.
En sus palabras finales, reflexionó sobre la Contienda de Competencia con los Tribunales de Justicia, así como el caso de las pensiones en Gendarmería. Al respecto, dejó en claro que “en ninguna de estas situaciones hay una animosidad personal, afán de protagonismo o nada que se le parezca. Por el contrario, ha estado en la mira en primer lugar el cumplimiento de las funciones que tanto en la Constitución como en la ley se encomiendan a la Contraloría” y, en el caso de las pensiones, resguardar el buen uso de los recursos públicos.
Seguidamente sostuvo que “sin duda, la CGR se ha transformado en un referente para la sociedad en la lucha contra la corrupción y probablemente ha sido en su labor preventiva donde es posible hallar sus mejores resultados. Sin embargo, como institución ya nonagenaria, requiere de cambios y mejores perfilamientos de su actuación”. Ello pasa por el trabajo bien hecho y comentó que la procrastinación “que a veces nos paraliza, no sólo como Contraloría, sino también como Estado, es ilegal, no ayuda al clima laboral”, aumentando, además, la desconfianza ciudadana en las instituciones.