Senador José Durana, desde La Haya, manifestó que se dio correcta respuesta histórica y juridica a cada uno de los aspectos relevantes de la demanda boliviana incluyendo los motivos de la Guerra del Pacífico.

El equipo jurídico de Chile cerró su presentación pidiendo a la Corte Internacional de Justicia rechazar íntegramente la demanda presentada por Bolivia.
De esta manera se dio correcta respuesta histórica y juridica a cada uno de los aspectos relevantes de la demanda boliviana incluyendo los motivos de la Guerra del Pacífico, los hechos y el contexto del acuerdo a perpetuidad de paz y amistad del tratado de 1904, las notas diplomáticas y declaraciones en la década de los años 20 y 50 que en ningún caso constituyeron obligación Juridica.
Así lo manifestó desde La Haya el senador José Durana Semir, quien integró la delegación de parlamentarios que viajó a Holanda para.
El parlamentario ariqueño comentó que “se clarifico el proceso de Charaña en donde se aceptó negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia, lo que se vio imposibilitado primero porque no fue posible obtener el acuerdo previo de Perú, según el protocolo adicional al Tratado de 1929 y segundo porque Bolivia cambio su posición y rechazó compensar territorialmente a Chile por la cesión proyectada”.
Durana manifestó que Chile nunca aceptó una obligación ante la OEA porque no le reconoce competencia y las resoluciones de ese organismo no producen efectos jurídicos sino que tienen un contenido político. “Tras el proceso de Charaña nuestro País nunca más aceptó incorporar la aspiración boliviana en el “enfoque fresco” ni en la recuperación de la democracia ni las agendas sin exclusiones ni de 13 puntos”, subrayó.
Finalmente, el senador dijo que Chile debe declarar tajantemente, en su presentación final del miércoles 28 de marzo en la Haya, que Bolivia afirma ser titular de un derecho de acceso soberano al mar y va en línea con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución del Estado plurinacional de Bolivia del año 2009 y que representa el interés personal de un mandatario que viola el Estado de Derecho, desconociendo la voluntad popular de un país que votó en contra del plebiscito en que intentó modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.