En Arica, con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se efectuó el seminario sobre el nuevo procedimiento disciplinario.
El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, encabezó en Arica el seminario sobre el nuevo procedimiento disciplinario del Poder Judicial.
En la actividad, que se realizó en el auditorio “Jorge Benavides Silva” de la Universidad de Tarapacá, estuvo presente el presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Marcelo Urzúa; los ministros María Verónica Quiroz, Mauricio Silva, Héctor Gutiérrez y Andrés Pinto; jueces, relatores, administradores y funcionarios de tribunales de la jurisdicción. Además, contó con más de un centenar de asistentes.
Según contó el ministro Cisternas, recorrerá todas las jurisdicciones del país con la finalidad de socializar los principales alcances del Acta 15-2018 aprobada por la Corte Suprema.
“Este seminario fue muy positivo. La Corte de Apelaciones de Arica manifestó gran interés y convocó a un gran número de personas, que asistieron y respondieron positivamente, formularon diversas consultas y, de esta forma, se cumple con el objetivo que el Acta 15-2018 sea conocida y la gente se interiorice, lea el manual que recibieron y las personas que se vean afectadas por un proceso disciplinario puedan defenderse adecuadamente”, dijo.
El ministro Cisternas sostuvo que este autoacordado establece el debido proceso en cualquier investigación disciplinaria que se curse en el Poder Judicial. Ello contempla la separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar, permitiendo que la investigación sea lo más imparcial y transparente posible.
Asimismo, se explicó en el seminario, el plazo máximo de investigación será de 30 días hábiles prorrogable una sola vez.
Junto al ministro Cisternas, expusieron el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, y el director del Centro de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto.
“En el actual sistema de trabajo debemos ser conscientes que siempre van a existir problemas o vicisitudes que se deben aclarar, y por ello debemos los ministros, jueces, fiscales judiciales y funcionarios en general contar con un procedimiento que garantice tanto a los investigadores como a la persona investigada total transparencia y objetividad a la hora de sancionar o absolver”, dijo el ministro Urzúa.
Según explicó el fiscal Norambuena, el autoacordado establece la obligación de tener un sistema informático para que el fiscal judicial de cada Corte de Apelaciones –en su calidad de principal investigador de estas causas– lleve este tipo de causas.
“Para ello, se creó un sistema informático, en la cual se va a tramitar la causa de manera digital y contendrá todos los antecedentes de la investigación: la denuncia, la resolución del órgano resolutor que declara admisible y el fiscal judicial va a practicar diligencias investigativas. Una vez que se suba todo esto al sistema informático el fiscal judicial formula una acusación o también puede dictar un sobreseimiento”, dijo.
Al final del seminario, los tres expositores respondieron las consultas que surgieron desde los asistentes.