El Gobierno acaba de anunciar la creación del Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social, en reemplazo del ya existente. “Uno de los proyectos más significativos del Programa de Gobierno”, señaló el Ministro Blumel en la firma del proyecto de ley.
La creación de un Ministerio de Desarrollo Social era a todas luces necesaria, pero el cambio a un Ministerio de la Familia no es más que un golpe de efecto ideológico, para señalar que la familia -todas las familias- está en el centro de las preocupaciones del Gobierno.
Pero detrás de la forma no hay ningún argumento técnico que justifique tal decisión. Según Blumel se avanzaría en I) introducir enfoque familiar en políticas sociales; II) incorporar a la clase media, y III) apoyarlas a lo largo del ciclo vital. Tres cosas que el Estado de Chile viene haciendo progresivamente al menos desde Chile Solidario, primer programa que, después de una serie de esfuerzos en los ’90 que tendieron a fortalecer el capital social de comunidades y organizaciones como estrategia de combate a la pobreza, pone abiertamente el foco en los hogares/familias.
El sistema de protección social se ha ido posteriormente ampliando a todo el ciclo de vida (niños, adultos mayores) y niveles socioeconómicos (clase media) con el paso de políticas focalizadas a sistemas de protección cuasi universales como el Plan Auge o Chile Crece Contigo. No hay, en consecuencia, nada nuevo en el Ministerio de la Familia.
Más compleja es la escasa adecuación de este proyecto a la abrumadora evidencia respecto de la poca efectividad de los esquemas de protección centrados exclusivamente en hogares para resolver la pobreza y vulnerabilidad social. Estos cumplieron un ciclo virtuoso de inversión en capital humano y apoyo monetario directo, pero no han logrado vincular a las familias con la estructura de oportunidades de empleo y generación de ingresos que el país ofrece. La discusión hoy se centra en cómo vincular estos esfuerzos con otros de inclusión laboral y productiva que, con base en las condiciones que ofrece el territorio, ofrezca a la población en situación de vulnerabilidad oportunidades individuales y colectivas de generar ingresos suficientes y por cuenta propia.
Esperemos que los parlamentarios puedan ver más allá de lo políticamente correcto y aprovechar la oportunidad que este proyecto abre para discutir sobre el contenido de la política social que Chile necesita.
María Ignacia Fernández
Directora Ejecutiva Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural