El senador José Miguel Durana explicó los alcances que conlleva el proyecto que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.
Una de las preocupaciones más recurrentes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dice relación con la demora en el pago de facturas por parte de aquellas empresas de las cuales son proveedores de bienes o servicios, generándoles complicaciones en su autofinanciamiento.
Atrás quedarán esos días luego que el Congreso despachara al Ejecutivo el miércoles recién pasado para su promulgación como ley, el proyecto que justamente viene a dar respuesta a dicha problemática a través de la modificación a la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a la copia de la factura.
Previamente, la propuesta legal fue analizada por la Comisión Mixta (senadores y diputados) de Economía que integra, entre otros, el senador José Miguel Durana y establece que la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de 30 días, corridos contado desde la recepción de la factura.
En situaciones excepcionales, las partes podrán establecer por escrito y de común acuerdo un plazo que exceda lo estipulado en la medida que no constituya abuso para el acreedor, pero eso dependerá de la solvencia y voluntad que tenga la pyme para adoptar esa decisión.
En cuanto a los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos, los pagos deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto.
En Arica existen 18.251 microempresas; 2.175 pequeñas empresas; 197 medianas empresas y 73 grandes empresas y según explicó el senador Durana, es evidente que los cambios que la norma introduce afectarán algunos usos y costumbres que en nuestra práctica comercial se encontraban muy arraigadas y que conllevaba la nociva práctica del no pago oportuno de facturas, afectándose, principalmente a los pequeños empresarios.
Precisó que era necesario, tanto para la estabilidad de tos emprendedores, como para el crecimiento económico de la región y el país, una ley que obligará a las empresas a agilizar y entender que, sin los pagos al día, los emprendedores pueden quebrar.