El Consejo de Defensa del Estado deberá ser la institución que denuncie a los falsos exonerados políticos, detectados en una investigación de la Contraloría General de la República que incluyó desde el año 2000 al 2010.
La gravedad de la situación amerita la intervención del Consejo de Defensa del Estado.
Como Gobierno haremos el mayor esfuerzo para que estos dineros, que son recursos de todos los chilenos, sean reintegrados al erario nacional. Asimismo, esperamos que se determinen las responsabilidades judiciales sobre quienes participaron en este eventual fraude”.
El informe dado a conocer por el organismo contralor reveló la existencia de al menos 3.000 falsos exonerados políticos, quienes desde 1998 recibieron beneficios estatales por un monto estimado en 29 mil millones de pesos.
El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la semana pasada envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde reitera la necesidad de que el organismo inicie dos tipos de acciones judiciales: una tendiente a anular todas aquellas pensiones que están siendo entregadas mensualmente y que presentan vicios en su otorgamiento y que fueron mal otorgadas, y, la segunda, que emprenda acciones judiciales contra aquellas personas que participaron del proceso de entrega de estos beneficios.
La investigación de la Contraloría menciona a la Empresa Automotriz CorfoCitroen que tenía asiento en Arica, por lo que resulta preocupante para la región la existencia de una máquina creada para defraudar al Fisco y dar mal uso a recursos que corresponden a todos los chilenos. Lo detectado hasta ahora como fraude, que es un 10 por ciento del total de los exonerados, equivale al total del presupuesto anual del Gobierno Regional para hacer inversiones. Sería bueno conocer quiénes han accedido a estos beneficios en nuestra región, ya que tengo la convicción de que nos encontraremos con varias sorpresas.
Dentro de los hechos cuestionables en este proceso figura la emisión de certificados que otorgaron senadores y diputados para acreditar la condición de exonerado a miles de personas que no lo fueron.
Hay un cruce de información que indica que esos certificados aumentaron vertiginosamente entre 1999 y 2000, es decir, durante el año de las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo cual instala una duda razonable sobre cuáles fueron los motivos de esta entrega de documentos.La investigación de la Contraloría estableció que estos certificados, que acreditaban la relación laboral con las empresas, estaban en el 68% de los más de 9 mil casos irregulares.
Entre las principales causales de ilegalidad se detectó a exonerados de empresas no intervenidas por el Estado o fuera de los plazos de intervención; a exonerados como funcionarios de partidos políticos sin contar con antecedentes que demuestren el vínculo laboral invocado; a exonerados calificados sin haber adjunto relato de motivación política de su exoneración, y certificados de parlamentarios con información falsa o contradictoria.
Hago un llamado a la oposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, porque aquí lo que hay es una grave daño a la fe pública donde unos privilegiados, por tener contactos políticos, fueron beneficiados irregularmente con una pensión que no la merecen.
Valoro la decisión adoptada por la Corte Suprema al designar a la ministra Mireya López, para que investigue las irregularidades detectadas en el programa de exonerados políticos. Esta decisiónacoge la solicitud de un ministro en visita que había sido presentada por los diputados Karla Rubilar y Cristián Letelier.
Marcelo Urrutia A.
SEREMI de Gobierno
