Senador Durana y consejeros regionales Ximena Valcarce y Diego Paco presentaron la acusación por cuasidelito tras bajada del Río Acha.
Siendo entonces candidato a la Cámara Alta, el senador, José Miguel Durana, denunció públicamente en septiembre de 2017 al propietario del terreno donde se emplazó el campamento Coraceros por la realización de una obra no autorizada que, desde el 2016, alteraba el cauce del rio Acha generando una especie de “embalse” en el interior.
De esta forma, se dejaba encerrado el campamento, con materiales de escombros y desechos depositados en su interior, colocando en riesgo gravemente la vida de sus habitantes, todas personas vulnerables entre los cuales existía una indeterminada cantidad de adultos mayores niños.
“Los pobladores del sector están muy preocupados por la intervención que se ha hecho en esta zona. Vemos con mucha preocupación que no existe ninguna intervención por parte de los organismos del Estado para saber si efectivamente esto corresponde…”, dijo hace dos años el parlamentario.
Agregó en esa ocasión que el cauce del río Acha sigue su caudal hasta juntarse con el río San José, derivando en el mar. “Existe una preocupación porque estamos creando una verdadera piscina que el día de mañana puede tener nefastas consecuencias y afectar vidas”, sentenció el actual legislador UDI.
Por su parte, el presidente del campamento Coraceros, Alberto Bello, también denunció que se habían levantado obras sin mirar que estaban familias viviendo en el rio. A su vez, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) en junio de 2017 ofició al alcalde de Arica para que dispusiera de inspectores municipales que pudiera fiscalizar lo acontecido y realizar limpiezas del sector.
En tanto, la Dirección General de Aguas (DGA) notificó a la empresa responsable por el depósito de toneladas de material en el cauce del río Acha de que existía un plazo legal para que los retirara, por estar prohibido alterar el cauce natural de un río con ninguna obra salvo que existe un proyecto y medie autorización de la autoridad administrativa.
DENUNCIA EN EL MINISTERIO PUBLICO
Por todo lo anterior, el legislador junto a los consejeros regionales Ximena Valcarce y Diego Paco presentó el viernes 1º de febrero una denuncia criminal por el cuasi delito contra las personas por infracción de la ley contemplado en el inciso primero del artículo 492 del Código Penal en contra de quienes aparezcan responsables.
“Frente a la dureza de los hechos con que hemos sido impactados con la bajada del río Acha, es que colocamos este recurso en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables porque estimamos que existen responsabilidades penales al colocar en riesgo vidas humanas del sector Coraceros”, sentenció el senador, José Durana, tras interponer la denuncia elaborada por la abogada María Francisca Buitano.
“Acá existe una responsabilidad fiscal y también del sector privado; por lo mismo, hoy estamos presentando esta denuncia en el Ministerio Público para que se determinen responsabilidades producto de esta tragedia que afectó a los pobladores del sector de Coraceros la noche del viernes 1º de febrero”, precisó el parlamentario acompañado de los consejeros regionales Ximena Valcarce y Diego Paco.
ANTECEDENTES
La fiscalización de obras que obstruyan el cauce de un río natural, como en el caso del río Acha detectado en el sector norte del campamento Coraceros, queda entregada a la Dirección General de Aguas (DGA) en su rol de policía y vigilancia, dentro de cuyas funciones está la de impedir que en cauces naturales se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa.
Las obras observadas en el Rio Acha transgreden los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, pues se trata de obras no autorizadas por la DGA. Y, además, de obras que pueden causar daño a la vida, salud o bienes de la población.
Por lo tanto, al infringirse los artículos antes citados, cabe aplicar el artículo 172, que faculta a la DGA para ordenar destruir o modificar las obras dentro de un plazo determinado, que de no cumplirse por el infractor la autorizan a cursar multas administrativas que van de las 100 a las 1.000 UTA.
La DGA, según indica la ley, ante la negativa del infractor a cumplir con el retiro de las obras, deberá llevarla a cabo directamente pudiendo repetir contra el infractor por los gastos en que hubiere incurrido.