El objetivo del proyecto de acuerdo es crear una normativa legal de protección al profesorado frente a cualquier acto de maltrato que se produzca en su contra.
NINO
Junto a un grupo de parlamentarios, el diputado por Arica y Parinacota, Nino Baltolu, ingresó al Congreso un proyecto de acuerdo a través del cual se solicita al Presidente de la República la elaboración de una política educacional a nivel país que ayude a prevenir y sancionar la violencia cometida en contra de los docentes de Chile.
Al respecto, Baltolu expresó que “sin duda alguna, la violencia escolar hacia los profesores radica en la pérdida del sentido de la autoridad, principalmente porque los alumnos no están siendo instruidos sobre las conductas que se deben desarrollar en las escuelas y aquellas que no”.
“Esto ha llevado a que en las aulas se cometan una serie de conductas inadecuadas y que trasgreden la figura del docente, faltando el respeto al profesorado. Lo más preocupante es que muchas de estas conductas son, en algunos casos, avaladas por apoderados que justifican el comportamiento de los estudiantes”, dijo.
Baltolu enfatizó que “esta falta de apoyo de parte de los apoderados y los problemas de comportamiento de algunos estudiantes, han afectado fuertemente a nuestros docentes, quienes en muchos casos se encuentran agobiados por estos conflictos e incluso con problemas psiquiátricos”.
“El maltrato al profesor debe ser sancionado drásticamente, y aunque la ley contra la violencia escolar contempla la aplicación de un manual de convivencia entre la comunidad de los establecimientos educativos, creemos que se debe ser más preciso y contundente cuando hablamos de violencia contra los profesores”, apuntó el parlamentario.
Por lo anterior, el objetivo del proyecto de acuerdo es crear una normativa legal de protección al profesorado frente a cualquier acto de maltrato que se produzca en su contra, para lo cual se requiere de una Política Educacional que prevenga y sancione estos actos de violencia. Política que debe estar orientada a fomentar el respeto a través de una campaña educativa hacia los estudiantes y apoderados conjuntamente con el establecimiento de sanciones drásticas para quienes cometan estas agresiones.