El Gobierno acaba de enviar al Congreso el proyecto de modernización de la jornada laboral, iniciativa que pretende -entre otros puntos- beneficiar a las personas con discapacidad, a través de la flexibilización del sistema.
Este pareciera ser un buen anuncio para fomentar la inclusión. Sin embargo, es contradictorio respecto de lo que está ocurriendo hoy con la Ley 21.015 de Inclusión Laboral para las personas con discapacidad, situación que, junto a otras organizaciones que trabajamos en el tema, hemos puesto en el tapete en los últimos días.
¿Por qué hablo de contradicción? Porque mientras -por un lado- se realizan anuncios para aumentar la inclusión, por el otro, un reglamento permite que las multas que imparte la Dirección del Trabajo para grandes empresas sean más bajas que la inversión que tengan que hacer al contratar una persona con discapacidad; en lo medular, las multas para empresas de 500 o más trabajadores serán más baratas que cumplir la ley.
Esta señal no es positiva y al parecer no ha habido un pronunciamiento público para corregir con premura este indeseado efecto. Lamentablemente, esto desincentivará el empleo inclusivo, habrá inequidades entre las empresas y se estimulará el pago de la multa, por sobre la necesidad de crear empleos de trabajo para personas que hoy no los tienen en igualdad de condiciones. Todos efectos contrarios a la ley.
Por tanto, es urgente establecer sanciones efectivas al incumplimiento de la norma. El llamado es a que el Ministro del Trabajo y el Congreso, observen esta contradicción y la modifiquen. Esto requiere de una fuerte voluntad política, porque nuestro real desafío es fomentar el empleo de las personas con discapacidad, con equidad y justicia social. Estoy convencida que el Gobierno tiene el mismo sueño que nosotros. Que Chile se transforme en un país inclusivo y que el trabajo sea una realidad para todos.
Andrea Zondek
Presidenta Fundación TACAL