En pleno centro de Arica se reúnen firmas por parte de comuneros de los pueblos originarios. También se prepara una masiva marcha por el centro de la ciudad.
Hasta este sábado 22 de junio las y los pueblos de Arica y Parinacota reúnen firmas de apoyo en rechazo de la Consulta Indígena que actualmente realiza el gobierno, que busca modificar la Ley 19.253.
De 11 a 13 horas en el paseo peatonal 21 de Mayo, a la altura del BancoEstado, un grupo de comuneros y comuneras de los pueblos originarios de la Región informan a la comunidad sobre las consecuencias que conlleva las 11 medidas a modificar que propone el actual gobierno, iniciativa que ha sido rechazada por la mayoría de los pueblos y territorios de Chile.
Según los organizadores, esta acción tiene la finalidad de reunir la mayor cantidad de firmas posible, las que junto a las de otras regiones, serán entregadas en La Moneda, para visibilizar la demanda de los pueblos.
CONTRALORÍA
Cabe destacar que Comunidades indígenas de la región de Arica y Parinacota, presentaron ante Contraloría General de la República, tres denuncias en contra del proceso de Consulta Indígena impulsada por el gobierno, aduciendo la vulneración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tras no haber realizado un proceso de “buena fe” y por el incumplimiento de la normativa en materia de convocatoria a las jornadas.
Además, en el caso de Codpa, la dirigencia acusó de presuntos actos de fuerza indebida y coherción con la presencia excesiva de Carabineros en la jornada del inicio de la consulta indígena, acción inusual en las actividades públicas en la zona, lo que incomodó y preocupó a la comunidad.
MOVILIZACIÓN
Cabew mencionar que los pueblos de las cuatro comunas de la Región de Arica y Parinacota están convocando a una movilización en rechazo a la consulta para el lunes 24 de junio, desde las 10 horas, desde la rotonda Tucapel, con el fin de visibilizar su rechazo, considerando que el proceso ha sido un acto de mala fe; contrario al Convenio 169, y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; elimina la protección de las tierras indígenas prevista en la Ley Indígena; busca destruir la relación especial que tienen las comunidades con la tierra y el territorio y beneficia a los grandes intereses económicos extractivistas del país.