Dijo no al recurso de nulidad presentado por la Gobernación Provincial de Arica y le ordena reincorporar a un funcionario a su servicio.
Los funcionarios públicos, representados a través de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, de la Región de Arica y Parinacota y la Asociación de funcionarios de Servicio de Gobierno de Interior, vuelven a sentir el respaldo de los tribunales de nuestra región en relación a los despidos realizados por las autoridades de gobierno a fines de 2018, al conocer el jueves 4 de junio la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó el recurso de nulidad presentado por la Gobernación de Arica.
En efecto, la segunda Sala de este tribunal de alzada, integrada por los Ministros María Verónica Quiroz y Marco Antonio Flores junto al abogado integrante Iván Gardilcic, rechazó la presentación de este último servicio público, que buscaba dejar sin efecto la sentencia del 30 de abril pasado del Juzgado de Letras del Trabajo quien en su oportunidad resolvió acoger la denuncia de tutela de derechos fundamentales realizada por Ismael Ojeda Ojeda y ordenó a su máxima autoridad, la Gobernadora Mirtha Arancibia Cruz, a reincorporar a este funcionario, debido a que la no renovación de su contrata para todo el año 2019 se sustentó en un acto discriminatorio fundado en una decisión arbitraria.
Para los funcionarios públicos esta sentencia del tribunal de alzada es de suma importancia ya que acogiendo en lo ya resuelto por la Corte Suprema, concluye que el procedimiento de tutela laboral es aplicable también a los funcionarios públicos.
“Esta sentencia es muy relevante, ya que reconoce que los derechos labores son derechos fundamentales resguardados por la Constitución Política, y por tanto aplicables a todas las personas, siendo por tanto jerárquicamente superior a la normativa específica referida a la administración pública”, comentó Giselle Kunz, Presidenta de la Anef de Arica y Parinacota.
Por tanto, señala más adelante la dirigenta, “existiendo un código de buenas prácticas laborales, que indica que deberán tomarse todos los resguardos para garantizar un respeto irrestricto a la dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio entre jefaturas y funcionarios, queda en manifiesta evidencia su incumplimiento cuando existen autoridades que vulneran derechos fundamentales, por lo tanto, esperamos que ante este precedente judicial se tomen enérgicas medidas, y que sin perjuicio de la condena laboral, se proceda a la instrucción de un procedimiento disciplinario a fin de determinar la responsabilidad administraba a este respecto”, concluyó Kunz.