Durante la sesión extraordinaria del Senado se sometió a votación el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus durante 90 días, a partir de que se haya convertido en Ley.
Si bien los parlamentarios coincidieron en la finalidad social y humanitaria del proyecto, senadores del oficialismo cuestionaron la constitucionalidad de la norma en discusión por eventuales indemnizaciones producto de la misma. Además, los mismos recordaron que el Presidente, el día 27 de marzo, ya había anticipado un acuerdo con las empresas de servicios básicos de modo que no se apliquen cortes en el suministro.
Para el senador por la región de Arica y Parinacota José Miguel Insulza y sus pares de oposición, lo importante es contar con un marco jurídico para el 60% de la población como también para todas las personas que están enfrentando con dificultades los efectos de esta crisis. “Quiero garantizar que nosotros no tenemos ni el menor interés en violar la Constitución, la queremos cambiar, queremos terminar con ella y dictar una nueva, no la queremos violar; yo voto a favor de este artículo, con la plena certeza de que es perfectamente constitucional”, afirmó.
Continuando con su intervención, el legislador socialista manifestó que “estos dos números de la Constitución que cita del artículo 19, son particularmente agraviantes, en especial el último inciso del número 24, que dice: Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos; bien sabemos que hemos intentado cambiar y eliminar ese texto, no lo hemos conseguido, por lo tanto lo respetamos, no le estamos quitando el agua a los señores propietarios ni dañando esencialmente su derecho como dice el número 26, sino que simplemente postergando el pago por razones de urgencia y necesidad pública”.
Agregó que “yo no creo que esto sea una violación de la Constitución en ningún caso, aunque reconozco que me gustaría que desapareciera ese número, no estamos atacando el derecho de propiedad sobre el agua, que se constituye en este país en ese artículo como único caso en el mundo”, finalizó el parlamentario.