Las elecciones del 11 de abril y del 21 de noviembre tienen un significado histórico y marcarán el futuro de Chile. En la primera, se elegirá a los miembros de una Convención Constituyente que elaborarán una nueva Constitución Política, de modo democrático y rechazando la violencia. De la segunda, saldrán dos presidenciables en espera de una segunda vuelta en diciembre, o bien el o la gobernante que deberá llevar a cabo la implementación de una nueva Carta Magna.
El socialismo democrático aspira a que de dicha Convención emane una Constitución que reconozca los derechos no consagrados hasta ahora, como la paridad de género y el reconocimiento de las identidades de nuestros pueblos originarios; que elimine los altos quorum para ciertas leyes; que el principio de mayoría se ejercite con mecanismos de participación ciudadana. Una Constitución que fortalezca el carácter activo y solidario de la gestión estatal, ponga límites a la voracidad injusta de los monopolios y la riqueza excesiva, y organice la República como un nuevo Estado social y democrático de derecho.
La democracia con extensión económica y social y con un ordenamiento jurídico que se adapte a la realidad del presente siglo son principios que abraza la socialdemocracia; ellos se acercan también, en esos ideales, a otras corrientes como al Social Cristianismo y, por cierto, rechazan los dogmas neoliberales, reponiendo la importancia de lo público en la gestión de la economía, dentro de un espacio cultural de libertad y tolerancia.
Hoy, la mayoría de los chilenos y chilenas ve la cancha desnivelada en su contra desde que nacen. Las hijas e hijos de los desaventajados -los pobres y una franja mayor de la clase media- tienen en su vida una salud y educación de menor calidad y acceso limitado a universidades de élite, y como resultado de eso carecen de acceso real a trabajos de calidad y bien remunerados. Quien nace pobre en Chile está mayoritariamente condenado a eso o, a lo más, a cruzar el umbral de la pobreza, pero a mantenerse cerca de ella y siempre en riesgo de volver ahí. Las chilenas se ven excluidas y discriminadas, como también mujeres y hombres por sus preferencias sexuales y minorías étnicas.
La democracia social busca educación pública y gratuita, de la misma calidad que la educación privada; que exista un nivel básico de salud igual para todos, lo que supone ampliar las capacidades de la salud pública y un seguro universal. También, acceso igualitario a transporte, vivienda, seguridad, más una reforma al sistema de pensiones para tener un retiro justo de vejez.
Tras la Convención, se iniciará una nueva etapa. Otro gobierno deberá aplicar las reformas que responderán las demandas expresadas en la crisis social, y agudizadas por la pandemia y su daño económico, con secuelas que aún no se prevén. Miles de personas ya han revelado su descontento con las carencias del modelo actual. Este disgusto trajo el rechazo a la política y a los políticos. En esta tarea nunca debemos olvidar que el papel de la política es resolver los problemas de la gente y no atrincherarse en la fantasía de soluciones extremas que llevan a la polarización y la violencia.
En las últimas décadas, Chile tuvo logros, pero se aceptaron sin grandes críticas los dictados neoliberales del crecimiento. La propuesta de la izquierda democrática apunta a que la subsidiariedad del Estado sea reemplazada por un Estado social y democrático de derecho, en el cual Estado y mercado pueden converger, creando un clima económico y social justo. Esta idea es la que rige desde hace décadas en países del norte de Europa y, más recientemente, del Asia Pacífico.
Para la derecha neoliberal, el mercado es un dogma. Nosotros, en cambio, proponemos que la relación entre el capital y el trabajo sea justa, que las contribuciones individuales que financian lo público sean proporcionales a los ingresos, con una tributación progresiva. No se trata de ahuyentar capitales, sino de exigir un pago equitativo. Respetamos los años de esfuerzo de quienes tienen más, pero ellos deben comprender lo que significa el mejoramiento y desarrollo de la sociedad que les permitió llegar a la posición que ocupan.
El socialismo democrático tiene la obligación de presentar unido su propuesta programática para la transformación de Chile. Los partidos que lo integramos siempre hemos competido juntos por el voto popular. Aparecer separados sería un error electoral y la negación de una responsabilidad común. Tenemos unidad en las listas de constituyentes y en las elecciones municipales, y no se entendería que lleguemos a la definición primaria de abril divididos.
No sería tampoco razonable enfrentar la elección de noviembre separados con los cuales tenemos amplia unidad de propósito en las ideas aquí expresadas. La unidad del Socialismo Democrático y el Social Cristianismo fue la base de la reconstrucción de Europa devastada por la guerra y de su surgimiento como democracias estables y progresistas. Nuestra identidad política, económica y social es mucho mayor hoy de lo que era cuando acometimos juntos para terminar con la dictadura militar.
Eran mayores las diferencias, en materia valórica, entre el socialismo laico y el cristianismo social hace 40 años en Chile. Tenemos orígenes y posturas filosóficas distintas, y algunas veces se expresan con energía, porque en el terreno de las creencias es más difícil conciliar. Pero la experiencia nos enseña que los temas valóricos que antes nos separaban, ahora nos unen, a medida que la sociedad avanza hacia patrones de conducta más tolerantes. Esa capacidad para entender las diferencias y superarlas, en asuntos clave como divorcio, aborto y diversidad de las familias, es precisamente lo que fortalece la unidad entre el cristianismo social y nosotros. Eso le debemos a nuestro pueblo.
José Miguel Insulza
Senador de la República