El próximo 28 de julio asumirá el presidente electo del Perú, Pedro Castillo, quien durante su candidatura anunció en reiteradas ocasiones que una vez que llegue a la Casa de Pizarro emitiría un decreto supremo para expulsar a los extranjeros en situación irregular de ese país.
De concretarse esta medida, se estima que afectará a parte de los 1,2 millones de venezolanos residentes al otro lado de La Concordia, quienes solo tendrán 72 horas de plazo para dejar el territorio.
La posibilidad de que un grupo de estos extranjeros busque ingresar a Chile en forma ilegal por la frontera terrestre ha capturado la atención del Gobernador de Arica y Parinacota, el abogado Jorge Díaz Ibarra.
Por ello, la autoridad regional dijo que solicitará a la Delegación Presidencial Regional ser partícipe de la estrategia con que el gobierno central se prepara para enfrentar un eventual éxodo desde el Perú.
Vamos a oficiar al delegado presidencial para pedirle que nos convoque a esta mesa de análisis de resguardo de fronteras”, precisó el jefe regional, quien asumió el cargo el pasado 14 de julio.
Díaz piensa que la región no está en condiciones de absorber una eventual oleada de migrantes similar a la ocurrida en Colchane, Región de Tarapacá, a principios de este año o en la propia ciudad de Arica a mediados de 2019.
“En las calles existen muchos inmigrantes que se encuentran deambulando y Arica no resistiría, desde el espacio de salud pública y los espacios educativos y otros, recibir a una gran cantidad de personas que ingresen por pasos irregulares”, manifestó.
Si bien la frontera terrestre entre Chile y Perú se encuentra cerrada hace más de un año para el tránsito regular de personas producto de la pandemia, se mantienen los cruces ilegales de extranjeros hacia Arica y Parinacota, por la zona costera y el altiplano.
Estas zonas requieren un resguardo permanente de las Fuerzas Armadas y las policías, para evitar la vulneración de los límites internacionales o, en su defecto, lograr la detención de los infractores.