En Chile, las escuelas públicas y privadas son financiadas por el Estado vía “voucher”, es decir, reciben una subvención según el número de estudiantes que asisten a clases, lo que es un incentivo para que los establecimientos aseguren una asistencia regular.
Bajo esta lógica, las escuelas perciben como una posibilidad la exclusión de estudiantes catalogados como desafiantes y complejos. Son los estudiantes más vulnerables –que suelen tener infinidad de dificultades para asistir con regularidad a clases, las que van desde la necesidad de aportar con ingresos a sus familias hasta cuidar a hermanos pequeños o asumir una paternidad o maternidad precoces–, quienes se ven más afectados por estos incentivos perversos y con escasa vocación pedagógica.
El sistema educativo tiende a concentrar a estos alumnos “complejos” en escuelas urbanas apartadas, rurales o aisladas, lo cual dificulta su acceso a mejores oportunidades. Estos factores reproducen y amplían las brechas educativas de quienes nacen y crecen en situación de pobreza, lo que aumenta la probabilidad de que se vean excluidos del sistema educacional regular por no calzar sus desempeños con las prácticas y resultados esperados.
Hoy 414 niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años se encuentran fuera del sistema educativo en Arica y Parinacota sin haber completado su educación obligatoria y presentan dos o más años de rezago. A causa de la pandemia, otros 40 mil a nivel nacional han abandonado la educación.
Por esto, aspiramos a que la nueva Constitución garantice realmente el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes de Chile, en un modelo flexible e inclusivo, cuyas bases están detalladas en “Constitución y Pobreza”, un documentos construido por 9 oenegés, que trabajan en los territorios más desatendidos con las poblaciones más vulnerables de Chile. En él, una de las dimensiones claves del bienestar –la educación– contiene una serie de propuestas constitucionales para que ningún niño, niña y joven en nuestro país vea vulnerado ese derecho básico sólo por haber nacido en pobreza.
Liliana Cortés
Directora de la Fundación Súmate