Un gran respaldo dio el Senado, en segundo trámite legislativo, al proyecto de Ley que modifica el código penal para reforzar la protección penal a la infancia, conocido como Ley Tamara. El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, quien votó a favor la idea de legislar, enfatizó en que, si bien “mayores penas no son un disuasivo en lo absoluto para disminuir la delincuencia en nuestro país, cuando somos víctima de delitos tan graves como robo con intimidación, violación y muerte de un familiar, se espera al menos que ese mismo delincuente no salga de la cárcel para seguir delinquiendo”.
El parlamentario dijo lamentar que el presunto asesino de Tamara no sea juzgado, “pero su historia de vida y su nutrido actuar delictual es fiel reflejo de la forma en que nuestra sociedad y el Estado mismo, frente a la falta de políticas públicas efectivas en materias de reinserción social, seguridad ciudadana, entre otras, gatilla en el aumento de niños, niñas y adolescentes delincuentes, que están al margen del sistema educativo, que han sido víctimas de violencia de todo tipo, y que con nula consciencia social y cero empatía por el otro delinquen día tras día, sin mirar atrás, sin reparo alguno”.
En este sentido, el legislador socialista señaló que “en la medida que reformulemos varias aristas en estas materias, la sensación de impunidad, de críticas a la labor del ministerio público, defensorías penales, jueces del poder judicial, policías, disminuirá ostensiblemente, porque no resulta entendible para la inmensa mayoría de los chilenos cómo sujeto a quien se le comprueba su participación en delitos tan graves como violaciones, y robos con intimidación con porte de armas, sean prácticamente beneficiados con condenas que pronto los tienen libres en las calles o beneficios de libertad condicional”.
Aprobada la idea de legislar, se dio luz verde a la discusión en particular de este proyecto, normativa que, en lo fundamental, busca establecer una congruencia en el establecimiento de ciertas circunstancias especiales que se han considerado para la apreciación de determinados delitos, con lo que sucede respecto de la calificación de las acciones penalmente sancionadas, cuando las víctimas de delitos sean personas que se encuentran en desprotección por su edad o condición de salud.