El senador José Miguel Durana señaló que “no es posible que una de las regiones que era una de las más seguras de Chile hoy cuente con la tasa de delitos de mayor connotación pública que excede en tres veces el promedio nacional y solo este año contabilice 22 homicidios”.
Así lo advirtió el parlamentario en una Sesión Especial del Senado, en que se abordó el considerable aumento de la delincuencia en el país, con la presencia de la Ministra del Interior, Izkia Siches.

Puntualizó que la región basó uno de sus ejes de su estrategia de desarrollo regional en potenciar el turismo y mejorar las condiciones para atraer la inversión privada, hoy termina estigmatizada producto de la delincuencia con nefastas consecuencias para el desarrollo que será extremadamente costoso revertir en el corto y mediano plazo.
“La opinión pública está alarmada con la presencia de carteles del narcotráfico como el de Aragua, por lo que le pido a la ministra del Interior, aquí presente, que ejerza su labor en la plena aplicación de la Ley de Migraciones para controlar nuestra frontera porque están llegando delincuentes, asesinos y es necesario hacer cumplir la ley junto a medidas extraordinarias”.
En este sentido, el parlamentario mencionó que se presentó un proyecto de ley que busca modificar el reglamento del uso de la fuerza para que exista un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un policía y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta a un control policial.
“Hoy, más que nunca, es necesario que Carabineros y la PDI tengan reglas distintas cuando la delincuencia se ha apoderado de nuestro país. No es posible la proporcionalidad cuando se ha perdido la autoridad policial que cada día los lleva a arriesgar sus vidas, pese a ser los responsables de mantener el orden público”, manifestó el legislador gremialista.
Sostuvo que frente a los delincuentes, las policías tienen el derecho a usar las herramientas que la ley les otorga para el legítimo uso de la fuerza y el principio que deben aplicar nuestras fuerzas de seguridad es el de la racionabilidad con el objetivo fundamental de proteger a ciudadanos inocentes.