El concejal de Arica, Juan Carlos Chinga, catalogó como lamentable que la Municipalidad de esta ciudad haya pretendido crear un tercer régimen jurídico para amparar situaciones, no solo previstas por la ley, sino que se contravino además varios términos señalados en la ley 19.925 vulnerando así el propósito del legislador de establecer un régimen general de licitaciones y autorizaciones sujetas a esta normativa.

“La acción incumple además el dictamen 18.652 de la Contraloría General de la Republica en su unidad regional y con ello infringe el artículo 98 de la Constitución Política de Chile.
Con todos estos antecedentes el Alcalde Gerardo Espíndola podría fácilmente perder su cargo luego que las faltas cometidas son graves y vulneran los principios básicos de todo proceso licitatorio.
EL concejal agregó que “todo esto se viene a producir luego del fallo de la Corte Suprema emitido el pasado 15 de Junio del presente año, donde acoge un reclamo de ilegalidad por parte del Casino Luckia S.A.
En ese contexto, Chinga lamentó este episodio que vincula nuevamente a esta gestión que lidera el Alcalde Espindola y se mostró preocupado por las consecuencias que traería para Arica. De ahí que solicitó un sumario administrativo y una sesión extraordinaria para analizar los pasos a seguir junto al equipo jurídico municipal.
Comentó asimismo que el Luckia podría demandar a la Municipalidad por miles de millones de pesos, porque en ese tiempo dejó de percibir dineros, los más de 60 trabajadores despedidos también podrían hacerlo de manera solidaria por daños y perjuicios y, para variar, la Municipalidad dejaría de percibir una millonada de platas anualmente para beneficio de la comuna.
“Estamos hablando del cierre del Casino Arica, el segundo más antiguo de Chile, recinto que fuera construido por la Junta de Adelanto de Arica (JAA) y que desde 1962 a la fecha nos ha reunido para más de alguna actividad social, de entretención y convivencia, es decir, está en riesgo el patrimonio de la comunidad ariqueña.
Finalmente Chinga dijo que aunque está difícil revertir el fallo negativo de la Corte Suprema, “lucharemos para impedir de alguna manera el cierre de un edificio patrimonial que pertenece a todos los ariqueños”.