La audiencia de preparación se fijó para el lunes 28 de octubre. Fiscalía pide 221 años y 541 días de presidio para los 17 imputados por el millonario fraude municipal en Arica.
FISCALIA
El Juzgado de Garantía de Arica fijó para el próximo lunes 28 de octubre el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral por el caso Corrupción Pública que investiga la Fiscalía local, en contra de 17 imputados por diversos delitos vinculados a la ejecución de varios proyectos de la Municipalidad de Arica, y que alcanzan los poco más de 3 mil 600 millones de pesos.
En esta audiencia, la Fiscalía del Ministerio Público presentará toda su batería de pruebas reunidas a lo largo de la investigación, destinadas a acreditar cada uno de los delitos indagados. En este sentido, el organismo persecutor presentará escuchas telefónicas, más de mil documentos –entre pericias contables y otros informes-, además de testigos y peritos, entre otras evidencias.
La Fiscal Regional, Javiera López, explicó que el Juzgado de Garantía determinará finalmente qué pruebas serán rendidas y valoradas en el juicio oral.
“Tenemos confianza en que toda la abundante prueba reunida a lo largo de la investigación será valorada finalmente en el juicio oral, atendido que el trabajo investigativo se ha ajustado a la legalidad y ha respetado las garantías y derechos de los intervinientes. Hay que considerar que se trata de 101 tomos de investigación, lo que se traduce en numerosa prueba”, expresó la autoridad regional de la Fiscalía.
Esta audiencia –que se prevé se extenderá por varios días debido a lo abundante de la prueba- culminará con la dictación de la resolución denominada auto de apertura de juicio oral.
LAS PENAS
En el marco de esta mega investigación, la Fiscalía de Arica presentó acusación y pidió penas que en total suman 221 años y 541 días de presidio contra los 17 imputados del caso corrupción pública. Asimismo, se acusó la persona jurídica Asevertrans Limitada, por el delito de cohecho activo reiterado, solicitando su disolución.
La indagatoria estableció que el monto total de lo defraudado asciende a poco más de 3 mil 600 millones de pesos.