No ha sido fácil, una activa campaña contraria al acuerdo había creado una falsa sensación de inconveniencia para el interés nacional, aprovechamiento de los grandes, y perdida de soberanía, entre otros reparos. Una posición principista, contraria al libre comercio y no técnica. Un eslogan por sobre su estudio acabado. Aseveraciones difundidas, sin comprenderlo y hasta sin analizarlo.
Llama la atención pues este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico tiene como objetivo principal profundizar la integración entre sus 11 países miembros: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, además de Chile que faltaba. Representan muy distintas ideologías y, sin embargo, no han dudado en adherir.
La integración abarca, entre otros, los marcos legales del comercio; su facilitación regional; el crecimiento sostenido; bienes; mercados agrícolas; reglas de origen; textiles; administración aduanera; defensa comercial; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; servicios financieros; competencia; propiedad intelectual; asuntos laborales; medio ambiente; pequeñas empresas; solución de diferencias; y excepciones, entre los principales. Asuntos siempre reiterados como objetivo por todos sus promotores. Ahora están en un moderno instrumento. Asimismo, desde hace largos años son contemplados por Chile en: Acuerdos de Libre Comercio; Acuerdos de Alcance Parcial; normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC); procesos de integración regional; la ASEAN; la APEC; y una larga lista de compromisos que mantenemos vigentes, y que seguirían rigiéndonos, así fuéramos la excepción de no ratificar el TPP11, habiendo sido su impulsor.
Nuestros consumidores lo han comprobado, al adquirir todo tipo de productos, casi sin aranceles y a precios comparativamente mucho más bajos que en otros países.
Cualquier disposición perjudicial, no se nos impone sin consentimiento, pues tenemos una larga práctica comercial internacional. El TPP11 representa un progreso y una certeza normativa.
Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho UCEN