El senador José Miguel Durana (UDI) lamentó que finalizado el 2022 el gobierno del Presidente Gabriel Boric no haya cumplido con una Política Nacional Migratoria comprometida en junio de este año por el Ministerio del Interior, afirmando que se está lejos de contar con una política nacional clara y eficiente que hoy tiene en jaque al país, pero principalmente a las regiones de la macrozona norte, las que deben soportar el primer y gran impacto de una migración irregular descontrolada, con todos los efectos sociales, económicos y de seguridad pública que ello implica.
Puntualizó que el compromiso gubernamental de regular de manera integral los efectos del fenómeno migratorio que afecta a Chile no se ha cumplido, y esto produce, entre otras cosas, porque pese a los esfuerzos realizados por las autoridades de migración, en el país hay miles de personas sin ningún tipo de documentación y en consecuencia, la Nación se ha transformado en un lugar de arribo de bandas criminales y personas que no pueden acreditar antecedentes penales.
“Esto es una situación insostenible que afecta en especial a las regiones del norte de nuestro país y no vemos más allá de anuncios y formación de interminables comisiones y mesas de trabajo, pero ninguna medida integral y concreta que permita enfrentar este fenómeno que a todas luces se escapó de las manos, sin que, hasta la fecha, exista una luz al final de este interminable y oscuro túnel”, precisó el senador Durana.
En este sentido, el legislador señaló que, pese a los esfuerzos comprometidos por el gobierno, tampoco se puede contar hoy con una política coordinada con los países vecinos con los cuales los procesos de reconducción y de devolución de quienes traspasan ilegalmente nuestras fronteras se diluyen cada día y las normas que se dictan finalmente no se cumplen.
Sostuvo que la política migratoria no implica solamente un control riguroso de nuestras fronteras, sino que también debe establecer las condiciones en las cuales los miles de migrantes que han arribado a nuestro país podrán permanecer en él, porque al no generarse esta política nacional, el Ejecutivo hace incurrir a todos en una grave irresponsabilidad como Estado y eso es un problema creciente que cada vez más difícil de abordar.
“Como parlamentario, he copatrocinado algunos proyectos de ley destinados a modificar las facultades de expulsión de quienes son sorprendidos en territorio nacional y no pueden acreditar haber traspasado las fronteras regularmente. No obstante la urgencia de la materia, el gobierno no ha puesto mayor urgencia en la tramitación de estos proyectos y continuamos careciendo de herramientas para generar esta política nacional”, remarcó el parlamentario.