La sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, por 131 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca corregir el universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
De este modo, la iniciativa, que una vez aprobada aumentará en más de 70 mil el número de beneficiarios, fue despachada al Senado.
Además de agradecer a las y los diputados por el apoyo al proyecto, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó que con la ley actual de la PGU “se cambiaron los parámetros habituales de la política pública y de la forma de focalizar, efectuando un cambio desde excluir al 10% más rico de la población, para pasar a excluir al 10% más rico de las personas mayores, lo cual genera, en los hechos, que las personas que quedan fuera de la PGU lo hacen con un ingreso mucho más bajo y, por tanto, les resulta muy inexplicable la razón de no calificar en el beneficio. Con este cambio de criterio, en régimen, se espera que se incorporen 76.000 nuevos beneficiarios a la actual PGU, con un gasto fiscal que bordea los $ 147.000 millones”.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que califica para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más vulnerable que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no acceden al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.
Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.
Ante esta iniciativa, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, señaló que “en la región de Arica y Parinacota se han pagado más de 21 mil PGU, a esto se suman más de 2 mil aportes previsionales solidarios de vejez que se mantuvieron, lo que da un total de más de 23 mil beneficios solidarios por vejez”. Además, explicó que “es importante destacar que podrán ser beneficiarios de la PGU las personas que tengan 65 años o más, independientemente de su condición de pensionado; no deberán integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población; deberán acreditar residencia por al menos 20 años, contados desde los 20 años, y por al menos 4 años desde los últimos 5; tener una pensión base menor a $1.048.200, y finalmente, no ser afiliado ni pensionado a DIPRECA o CAPREDENA”.
CONTENIDO DEL PROYECTO
En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.
Asimismo, la iniciativa contiene un artículo transitorio que señala que esta modificación entrará en vigencia el primer día hábil del tercer mes desde la publicación de la ley y ordena modificar el pertinente reglamento a más tardar el segundo mes desde su publicación.
Además, se regula que el IPS verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no accedieron a la PGU por no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más del país.
En ese sentido, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín destacó que cerca de 25 mil personas que habían sido rechazadas para la PGU, serán recalificadas por el IPS, y podrán optar sin trámite alguno al beneficio. “Accederán a la PGU desde el momento en que entre en vigencia la ley”, puntualizó.
INFORME FINANCIERO
El Informe Financiero que viene aparejado con el proyecto indica que por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la consecuente ampliación se estos, existirá un gasto adicional por parte del Estado.
Señala que, en el primer año de aplicación de esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil millones.
Para el tercer año, en tanto, se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.
Por último, en régimen, se contempla 76.070 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil millones.
AUTOPRÉSTAMO
Además, y tras ser consultada en punto de prensa, la secretaria de Estado reiteró la posición del Ejecutivo ante los proyectos de autopréstamo de los fondos previsionales que fueron presentadas por parlamentarios y que se encuentran actualmente en discusión en la comisión de Constitución de la Cámara.
Indicó que, de los tres proyectos presentados, “dos ellos contemplan un autopréstamo por el total de los fondos de pensiones; un tercer proyecto de ley que contempla un autopréstamo por el 15% de los fondos de pensiones, es decir, más que cualquiera de los retiros que se implementaron durante la pandemia. El proyecto de ley de reforma de pensiones del Gobierno contempla un autopréstamo que es por el 5% de los fondos de pensiones con un tope de $ 1 millón, pero, además, con un mecanismo de devolución mediante el aumento del 2% de la cotización imponible a fin de que se devuelvan esos fondos previsionales”.