Con la finalidad de abordar materias relacionadas con los convenios y desembolsos realizados por el Gobierno Regional (Gore) de Arica y Parinacota con la “Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones”, el senador José Miguel Durana se reunió con el contralor regional, Juan Pablo Leone y con el fiscal regional, Mario Carrera.
En la instancia, el parlamentario hizo entrega a ambas autoridades de antecedentes en los que detalla que, en abril de este año, el Gore suscribió con la Fundación un convenio por un monto de 2.598 millones de pesos, de los cuales 1.240 millones de pesos fueron desembolsados, de forma anticipada, el 15 de junio del presente año.
“Este organismo benefactor situado en ciudad de La Serena tiene entre sus filas personas ligadas al mundo político, específicamente a la Democracia Cristiana, además de no contar con experiencia ni patrimonio económico y se les hace responsable de ejecutar 2.598 millones de pesos”, afirmó Durana.
Si bien, el legislador dijo que los beneficiarios de este acuerdo serían 1.600 personas en condición de vulnerabilidad y/o pobreza de la Región de Arica y Parinacota, la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones figura con domicilio en La Serena, lugar donde no existe oficina alguna.
“Yo de verdad espero que este convenio se lleve a cabo, ejecutando bien los recursos, pero obviamente estamos preocupados porque el traspaso de los recursos va a sumar 1.760 millones de pesos y quedan 838 millones, de los cuales 116 millones van sólo para gastos administrativos de la Fundación”, mencionó el parlamentario.
Sostuvo que existe un 5%, sumando 129 millones de pesos más para asesorías y sueldos, según se desprende de la documentación del Gore, pero además presenta otros gastos realmente elevados y dudosos como son 78 millones 600 mil pesos para el levantamiento de fichas diagnósticas y procesos de selección.
Asimismo, 146 millones 966 mil pesos para la coordinación y realización de talleres; 32 millones de pesos destinados al apoyo en el proceso de compras de los requerimientos de cada idea de negocio financiada; 255 millones 534 mil pesos para nuevamente “coordinación y realización de los talleres” agregando el concepto de “asesorías”, entre otros onerosos gastos.
“Espero que la investigación de oficio que inició el Ministerio Público y lo que haga la Contraloría aclare las dudas que nos quedan de esta Fundación con vínculos políticos y actividades que nos dejan un manto de duda en la ejecución de este proyecto”, finalizó Durana.