El senador José Miguel Durana (UDI) manifestó que las 239 expulsiones de inmigrantes ilegales que se han registrado durante el año 2023 es otra expresión de que el gobierno sólo actúa cuando se ve presionado por las circunstancias y cuestionamientos a su gestión, en este caso, por el bajo número de expulsiones que ha realizado entre el año pasado y este.
Puntualizó que hay cerca de 15 mil órdenes de expulsión en el país y el Ejecutivo dice que este año se llegaría sólo a 400, lo que significa un serio problema para la ciudadanía, porque siguen quedando en el país personas que no deberían estar en territorio nacional, afectando la tranquilidad de la población.
“El fracaso del gobierno en el control de la migración irregular a nuestro país y en la lucha contra la delincuencia afectan sensiblemente la convivencia social y es urgente tener los recursos suficientes para adoptar medidas administrativas, legales y avances tecnológicos en el control fronterizo y legales transversalmente apoyadas”, subrayó el legislador.
En el mismo contexto, agregó que las expulsiones deben ser una política permanente y no a discreción del gobierno de turno, como ocurre, porque en la actual crisis que se registra por el desborde del crimen organizado transnacional este tema debería ser prioridad y no lo es y que la crisis de seguridad que vive nuestro país carece de una respuesta contundente del gobierno.
“La Moneda tiene además la obligación de coordinar esa expulsión con los países de origen de las personas expulsadas, ya que hay naciones, como Venezuela, que ponen trabas al proceso, impidiendo que lleguen los aviones con expulsados. Bolivia es otro país que tampoco colabora en esta materia”, recalcó el senador Durana.