Como es habitual en el sistema electoral chileno, el plebiscito constitucional llevado a cabo el 17 de diciembre de 2023, en el que los ciudadanos votaron por segunda vez en menos de dos años sobre un texto constitucional propuesto, transcurrió con normalidad ejemplar y con un sólido comportamiento democrático por parte del pueblo chileno. La opción “en contra” prevaleció con aproximadamente el 56% de los votos válidos, en comparación con cerca del 44% a favor de la propuesta constitucional presentada por el Consejo Constitucional.
Sin duda, desde diferentes perspectivas políticas, se presentarán análisis y se plantearán tesis sobre las causas del resultado del plebiscito y, sobre todo, sus consecuencias. Probablemente, los discursos de los líderes políticos intentarán capitalizar el triunfo del “en contra” de una manera u otra; sin embargo, la realidad es que después de estos difíciles años, incluido el período del estallido social, no hay ganadores, pero sí un gran perdedor: Chile, que está gobernado por una clase política que ha demostrado ser incapaz de alcanzar consensos básicos que permitan aprobar una nueva Constitución en democracia.
Tras el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en el que el “rechazo” a la propuesta de las izquierdas más extremas obtuvo un histórico 62% de los votos válidos emitidos y el triunfo del “en contra” respecto a la propuesta de las derechas, especialmente la derecha republicana, me permito proponer las siguientes ideas:
En primer lugar, el pueblo chileno demostró no ser tan ignorante como algunas voces de izquierda sugirieron tras el rechazo al experimento refundacional de la Convención Constitucional. Por el contrario, la ciudadanía mostró un importante grado de madurez política al desechar dos propuestas que buscaban imponer visiones ideológicas sesgadas aprovechando mayorías contingentes. Ambas propuestas, redactadas desde extremos opuestos, no comprendieron que el pueblo chileno esperaba una Constitución más moderada y representativa, y la ciudadanía se encargó de hacérselo saber. Es de esperar que de una vez por todas se aprenda esa lección.
En segundo lugar, es evidente que existe un desgaste constitucional. Por ello, parece razonable que el sistema político entienda que el proceso constitucional debería suspenderse por un tiempo. Mientras Chile siga estando tan polarizado, se debe descartar cualquier proceso constituyente que incluya una asamblea constituyente u otro órgano similar susceptible de ser cooptado por una mayoría intransigente que nos conduzca a otro fracaso. Lo más adecuado sería realizar ajustes constitucionales para actualizar y modernizar la Constitución vigente, recogiendo los principales deseos de la población sin recurrir a inventos refundacionales que sienten las bases para gobiernos autoritarios.
En tercer lugar, creo que quienes desacreditaban la legitimidad de origen de la actual Constitución tendrán una tarea difícil para mantener el mismo discurso. Las reformas constitucionales realizadas en democracia, junto con dos propuestas constitucionales rechazadas, otorgan una innegable legitimidad democrática a la Carta Constitucional vigente. Esta seguirá en vigor y estará sujeta a las futuras reformas legislativas, de acuerdo con quórums más accesibles.
Por lo tanto, Chile cuenta hoy con una Constitución democrática y un pueblo que parece tener clara su postura frente a los extremos, enviando dos fuertes señales al respecto. Sin embargo, sigue siendo urgente que el Estado y la clase política aborden problemas en salud, educación, vivienda, migración, delincuencia, etc. Chile tiene problemas apremiantes y un marco constitucional y jurídico democrático para enfrentarlos; solo hace falta voluntad política por parte de los gobernantes para trabajar eficientemente y con probidad en mejorar las condiciones de vida de las personas.
Dr. Jorge Astudillo Muñoz
Académico de Derecho de la UNAB