Hasta el 28 marzo, los senadores y el Ejecutivo tendrán plazo para presentar indicaciones a la iniciativa. La idea es analizar su contenido revisando los tipos penales y las sanciones asociadas que se actualizan.
La propuesta en primer trámite refunde cuatro mociones y un mensaje, las que buscan facilitar la persecución de delitos terroristas.
En el debate, se analizó la necesidad de actualizar esta normativa luego que se reconociera que “hoy, probar el ánimo terrorista es sumamente difícil, lo que hace imposible en la práctica recurrir a esta ley”. También se mencionó el nivel de criminalidad que se observa en regiones como la Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso y Araucanía, donde acciones terroristas estarían presentes.
Los tiempos legislativos también estuvieron presentes en la conversación. Mientras algunos senadores insistieron en la urgencia que debe tener la tramitación dado el actual escenario delictual y la larga data de estas mociones, otros apelaron por cuidar su redacción con el fin de no complejizar aún más su aplicación.
DEBATE
En Sala, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe Kast explicó que “hoy la ley antiterrorista no ha podido operar por la subjetividad de los medios de prueba (…) Estudiamos la figura de asociación ilícita (…) Acá, se genera la descripción de la conducta de manera objetiva”.
Durante el debate intervinieron los senadores José Miguel Insulza, Matías Walker, Daniel Nuñez, Iván Flores, Ximena Rincón, Rojo Edwards, José García, José Miguel Durana, Claudia Pascual, Juan Antonio Coloma, Juan Ignacio Latorre, Esteban Velásquez, Alfonso De Urresti, Carmen Gloria Aravena, Gastón Saavedra, Iván Moreira, Fidel Espinoza, Paulina Vodanovic y Francisco Huenchumilla.
Los parlamentarios coincidieron mayoritariamente, en la pertinencia de actualizar la ley antiterrorista debido a que “las circunstancias han cambiado pensando en la creciente sensación de inseguridad”. También se valoró que el proyecto “logre objetivar los tipos penales porque marcará una diferencia en la persecución de estos delitos” y que “ya no se deba recurrir a otras leyes para sancionar conductas derechamente terroristas porque en 20 años solo tres personas han podido ser sancionadas por la norma actual”.
Un grupo de senadores expresó sus dudas respecto de la conveniencia de insistir en esta iniciativa puesto que “las penas que contempla esta legislación, no son muy distintas a las que entregan otras leyes que se están utilizando (…) Sobrelegalizar estos delitos podría confundir más”.
Abriendo la necesidad de corregir la redacción del proyecto en el debate en particular, algunos legisladores hicieron ver que “se dice que las acciones que desmoralizan a la población civil pueden ser consideradas conductas terroristas. Esto creemos que se debe revisar porque es demasiado ambiguo”.
También se sinceró que “hoy no hay consenso político a la hora de aplicar la ley vigente, por lo que en la práctica esta ley está obsoleta”. En esa línea, en la Sala se relataron una serie de episodios de violencia extrema ocurridos durante el estallido social y diversos atentados en la macrozona sur, desde la óptica investigativa.