Con la individualización de los 38 acusados integrantes del Clan Los Gallegos, uno de los brazos operativos de la banda criminal Tren de Aragua, se inició en Arica el Juicio Oral contra los acusados mediante sistema telemático.
La Fiscalía de Arica está solicitando 11 penas de presidio perpetuo para igual número de acusados y otras penas que suman 200 años de cárcel para el resto.
Este proceso legal, que corona un extenso trabajo investigativo realizado por la Fiscalía y la policía de Chile, es considerado por las autoridades como uno de los más importantes en el combate contra el crimen organizado y se desarrolla bajo una fuerte tensión y con las máximas medidas de seguridad.
En la primera audiencia, que tiene lugar en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, se ha revisado de manera preliminar la situación de 38 personas —34 venezolanos y cuatro chilenos—, que son acusadas de cometer múltiples delitos como secuestros, homicidios, trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos y porte de munición. La investigación al clan ha sido realizada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI). Se determinó que sus integrantes operaban en el Cerro Chuño, en Arica, un sector donde hay tomas de terrenos, es decir, ocupaciones ilegales. En ese mismo lugar, en mayo de 2023, se encontraron los cuerpos de dos hombres, los que fueron enterrados vivos.
LA ACUSACIÓN
En la acusación, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, expone antecedentes como los peritajes al armamento encontrado en los allanamientos realizados en la ciudad y los datos proporcionados por el libro contable que manejaba el grupo criminal. El persecutor ha pedido 11 presidios perpetuos, además de otras penas que suman más de 200 años de cárcel para 33 integrantes de la banda. La comparecencia de los imputados había causado controversia en las jornadas previas al juicio. El pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, que solicitó la presencia de los acusados para que puedan mantener una comunicación fluida con sus abogados defensores. La medida fue rechazada por la Fiscalía, que alertó sobre el riesgo que implicaría el traslado de los reos, los que están repartidos en prisiones de diversos puntos de Chile (uno de los acusados está detenido en Puerto Montt, una ciudad ubicada a más de 3,000 kilómetros de Arica), y que podrían aprovechar el operativo para darse a la fuga.
Hasta que no haya una decisión definitiva del máximo tribunal del país, el tribunal sesionará de lunes a jueves, mientras que los viernes los defensores podrán reunirse con sus representados. Esto también es cuestionado por las defensas, porque -según argumentan- limita su derecho a tener contacto permanente con los acusados.