Listo para cumplir su segundo trámite quedó el proyecto que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la legislación vigente sobre la materia, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad gran parte del proyecto y por mayoría 4 aspectos específicos de la iniciativa.
Cabe recordar que este proyecto busca modernizar la normativa anti terrorista con el propósito de superar los diferentes obstáculos que se han evidenciado en el último tiempo y que han impedido su aplicación eficiente y oportuna. Para ello, sanciona la asociación terrorista, establece delitos específicos y penas acordes al grado de implicación en la organización, se contempla el delito terrorista individual conexo e inconexo (lobo solitario); facultades investigativas especiales y cambio de jurisdicción en casos de alta complejidad, entre otras medidas.
Fueron precisamente esos últimos puntos los que generaron mayor debate y votación separada de algunas disposiciones.
VOTACIONES SEPARADAS
Así las cosas, se aprobó con 32 votos a favor, 3 en contra y una abstención, una norma que permite al Ministerio Público, solicitar al pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de casos de alta complejidad o alarma pública sea de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto de este artículo se envió un oficio a la Corte Suprema para que se pronuncie.
Luego se aprobó una indicación de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón para sancionar a quienes recluten menores para asociaciones terroristas. En este punto, la senadora Rincón explicó los alcances de su propuesta, mientras que el senador José Miguel Insulza señaló que ya existen sanciones en esa línea. Del mismo modo, se pronunció la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Otro aspecto que concitó amplio debate fue la norma que sanciona el delito terrorista individual inconexo, más conocido como la figura del “lobo solitario”, que fue aprobada con 30 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. En este punto intervino la senadora Claudia Pascual quien estima que hay sanciones en la legislación para este tipo de conductas; mientras que el senador José García, indicó que fue el Fiscal Nacional quien justificó esta disposición en base a la realidad del país, ejemplificando que atentados con bombas han sido cometidos por este tipo de personas.
Finalmente, se aprobó con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones una norma que establece medidas especiales para la intervención de aparatos celulares y otros y respecto del cual, la senadora Pascual hizo reserva de constitucionalidad.
En este punto la senadora Pascual señaló que estas medidas adicionales de investigación son mucho más intrusivas y que la tecnología específica (que busca abarcar un radio de territorio y no un aparato puntual) puede pasar por alto derechos fundamentales de personas que no están siendo investigadas.
Por su parte, el senador García precisó que se requiere autorización del juez de garantía para dicha medida de investigación y que es acotada en el tiempo.