El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a C.A.V.L. a las penas de 15 años y un día y 7 años de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, en calidad de autor de los delitos consumados de violación reiterada de menor de 14 años y de abuso sexual, respectivamente, ilícitos que fueron perpetrados entre 2011 y 2018, en la ciudad.
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Jairo Martínez Cuadra (presidente), Héctor Gutiérrez Massardo (redactor) y Sylvia Portilla Bugueño– condenó, además, a C.A.V.L. a 10 años de reclusión, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de estupro, cometidos entre 2019 y 2022.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que a partir de 2011, C.A.V.L. comenzó a realizar actos de significación sexual y relevancia de la víctima, la hija de entonces 6 años de edad de su pareja.
En tanto, entre 2012 y 2018, el imputado comenzó a tener relaciones sexuales con la menor, a cambio de dulces o chocolates y, en otra ocasión entre 2015 y 2016 la accedió a cambio de un viaje al poblado de La Tirana que la víctima quería realizar.
Finalmente, cuando la menor cumplió los 14 años de edad y hasta los 17, C.A.V.L. la violaba aprovechando cuando quedaba a su cuidado. abusos que también realizó a bordo de su automóvil particular.
En la causa, el tribunal impuso a C.A.V.L. las accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de las penas impuestas, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.