El Juzgado de Garantía de Arica acogió hoy –martes 14 de mayo– la solicitud del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos y resolvió que sea la justicia ordinaria la que investigue la muerte del conscripto Franco Vargas, fallecido el 27 de abril pasado mientras participaba en una marcha militar en las cercanías de Putre.
En la audiencia, el magistrado Juan Araya Contreras rechazó la solicitud de la ministra en visita Jenny Book Reyes, en orden que el tribunal de primera instancia se inhibiera de ver la causa y que sea la justicia militar la que lleve la investigación.
“El tribunal estimó que sea la jurisdicción ordinaria la que siga con la causa. Hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido que, al tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no sean castrenses sino bienes jurídicos distintos o de mayor amplitud como la dignidad de la persona humana, la libertad y la vida exceden al ámbito de la justicia militar común; razón por la cual el tribunal estimó que sea la justicia ordinaria la que tiene que conocer este tipo de asuntos”, dijo el magistrado.
La resolución del Juzgado de Garantía será enviada a la Corte Suprema, quien deberá resolver esta controversia en orden a confirmar el dictamen del tribunal de primera instancia o acoja la solicitud de la ministra en visita Jenny Book y que la causa sea vista por la justicia militar.
