En el marco del foco criminal que investiga los delitos de tráfico de drogas, en su arista de medicamentos controlados, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica obtuvo una condena contra el propietario de una cadena de farmacias, de profesión químico farmacéutico, al establecerse que comercializaba ilegalmente jarabes con codeína y fármacos prohibidos en general.
La investigación dirigida por el fiscal Bruno Hernández junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI Arica permitió obtener la primera condena en Chile contra este tipo de profesional por el delito de tráfico de drogas del Artículo 3° y 7° de la Ley 20.000, que sanciona a aquellas personas “que, encontrándose autorizado para suministrar a cualquier título las sustancias o drogas a que se refiere el artículo 1º, o las materias que sirvan para obtenerlas, lo hiciere en contravención de las disposiciones legales o reglamentarias que lo regulan”.
Así y en el marco de un juicio abreviado en el que también participó la fiscal Daniella Annibali, en el Juzgado de Garantía de Arica, se condenó a José Hugo Orellano Pizarro por los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas al comiso de 4 propiedades (dos en Arica y dos en Santiago), un vehículo particular, cerca de 3 millones de pesos de recaudación en sus negocios, además del cierre definitivo de sus tres farmacias en Arica. Lo anterior, conforme a lo establecido en la Ley 21.575 de Crimen Organizado. Asimismo, se condenó a los acusados Fernando Burgos Pino y Alexa Guzmán Parra, quienes, luego de coordinar con el propietario de los negocios, ofrecían, distribuían y comercializaban los fármacos por redes sociales.
El trabajo investigativo estableció que Orellano Pizarro compraba en grandes cantidades jarabes contenedores de codeína, junto a medicamentos prescritos por la ley 20.000, los que comercializaba para su venta ilegal, utilizando las farmacias donde era su propietario para acceder en grandes cantidades a los medicamentos.
Mediante un reporte de compras se estableció que entre los años 2022 y 2023 el acusado José Orellano Pizarro adquirió 90.000 frascos de jarabes contenedores de codeína, los que fueron comercializados ilegalmente. Asimismo, utilizando como fachada las farmacias que mantenía a su nombre, se generaron más de 500 millones de pesos en ganancias, dinero que no era reflejado en sus ingresos y egresos contables, adquiriendo además diversos vehículos y propiedades en la ciudad de Santiago y Arica con el objeto de ocultar y disimular su origen.
Respecto de los acusados Fernando Burgos y Alexa Guzmán, el primero fue condenado a una pena de 541 días, mientras que la segunda a una pena de 3 años y un día.