Durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, efectuada en Arica, los parlamentarios acordaron oficiar a la Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, dado que no se ha dado solución a los agricultores que denunciaron, en 2023, el incremento de los cánones de arriendo de sus predios hasta un 1500%.
Dicha problemática se expuso a la Comisión de Agricultura que sesionó en nuestra ciudad, en octubre del año pasado, instancia que también dirigía el senador Iván Flores, actual presidente de la Comisión de Seguridad, razón por la cual se decidió abordar nuevamente esta temática dado el incumplimiento del gobierno que quedó en dar una solución en diciembre de 2023.

Margot Ríos, presidenta del Consejo Asesor Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Arica y Parinacota y consejera nacional aymara de Mallku y T’alla de Arica Rural dijo que las alzas en los arriendos de sus predios afectan hace más de un año a los agricultores de los valles de Azapa, Lluta, Chaca, Camarones, Las Llosyas y la quebrada de Acha como a una parte de la zona urbana.
“Los onerosos alquileres que nos están cobrando no nos permiten desarrollar la agricultura porque prácticamente tenemos que trabajar sólo para pagar al Estado, pero sin poder sobrevivir ni llevar sustento a nuestros hogares y menos inyectarle recursos a nuestra tierra para seguir sembrando y cosechando”, advirtió la dirigenta, quien agradeció al senador José Miguel Durana por todo el apoyo que les ha brindado en este año para solucionar esta problemática.
El senador Flores expresó su preocupación, señalando que sostuvo a lo menos tres reuniones con la ministra de Bienes Nacionales “quien se comprometió en resolver el problema del cambio brutal que hizo ese Ministerio respecto del valor del arriendo de la tierra de la pequeña agricultura. Hasta la fecha sólo ha habido un par de respuestas intermedias, pero no ha existido solución concreta que afecta a los agricultores y por ende, la producción”.
Por su parte el senador Durana dijo que esta situación de alza también está afectando a los pequeños empresarios de la industria menor de Agtima, Apia y Agima, en Cerro Chuño, quienes desde hace años vienen conviviendo con el flagelo del crimen organizado y todo lo que ello conlleva, como, asimismo, no cuentan con extracción de basura y padecen diversas incivilidades en el sector.
“La ministra de Bienes Nacionales nos envió un oficio, hace unos meses, a la Comisión de Agricultura en la que comprometió a aplicar un precio justo con el arriendo fiscal para los pequeños agricultores y pequeños empresarios sin embargo, ha transcurrido el tiempo y no han obtenido solución, mientras los cobros siguen realizándose mes a mes”, aseveró el legislador.
En la instancia, los parlamentarios también se comprometieron en revisar la norma con sus asesores legislativos como también el criterio administrativo existente, de tal forma que el Estado no aplique el mismo principio en la ley de fijación de precios de los terrenos fiscales que se venden como los que se arriendan a pequeños agricultores y pymes industriales.