Una crítica situación carcelaria denunció el presidente provincial de Arica y dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Ignacio Videla, durante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia en que evidenció que no están ni las más mínimas condiciones para que los funcionarios ejecuten su labor de una forma más profesional.
Precisó que hay personal que lleva 20 años en un mismo grado; funcionarios que no tienen uniforme ni logística adecuada y están sometidos a sobrecarga laboral, porque la planta alcanza a 20 mil, entre uniformados y no uniformados, profesionales, técnicos y administrativos que deben atender una población penal que los triplica, bordeando los 60 mil.
“Estamos en alerta, como gendarmes, toda vez que no están las condiciones mínimas para ejecutar nuestro trabajo. Ni siquiera contamos con carros para ejecutar los movimientos que nos exigen los tribunales de justicia y los chalecos de seguridad tanto balístico como anti-puñal, están caducados y la munición también caduca”, alertó Videla.
Sostuvo que en la región Arica y Parinacota, a través de la Oficina Interna de Seguridad (OSI) se recabó información de que existen 290 reos en Acha, entre hombres y mujeres pertenecientes a 131 bandas de crimen organizado como “Los Gallegos”; los “Del Coro”; la “Banda del Fentanilo”; el Clan del Golfo, entre otras, cuyos criminales no tienen respeto por la vida.
En este contexto, el dirigente gremial mencionó que los funcionarios penitenciarios han sido agredidos y hay personal al que han intentado asesinar. “En Arica hemos tenido varios episodios y tenemos cuatro funcionarios que están amenazados de muerte, al igual que sus familias y la Institución no ha hecho nada por ellos y siguen en el mismo módulo y unidad donde fueron amedrentados, lo cual es insostenible y nos tiene con desazón”, declaró.
Recalcó que cuando se implementaron los módulos de máxima seguridad en las diferentes cárceles del país, incluida la cárcel de Acha, el gobierno manifestó que traería consigo una inyección potente de recursos; sin embargo, eso no se visualiza. “Lo digo con conocimiento de causa, porque trabajo exactamente igual que el resto del personal, ganando poco y comprando nuestros propios uniformes y botas, que hasta 8 o 10 años proporcionaba el Servicio”.
En el caso de los profesionales de Gendarmería que tienen que evacuar informes a los Tribunales o la Fiscalía, Videla dijo que no cuentan con resmas de hojas ni toner, ni tinta y las impresoras y computadores tienen más de 30 años de uso y esa situación tan precaria está en conocimiento la autoridad, por lo que dijo que están cansados de que el Estado “maquille su situación”.
Y como si fuera poco, el dirigente de ANFUP afirmó que en Arica no hay agua en los servicios higiénicos de los funcionarios penitenciarios, al igual que en la ciudad de Iquique, por lo que el incentivo de los ciudadanos para ingresar a las filas de Gendarmería es casi nulo, al no haber condiciones mínimas de salubridad.
MEDIDAS PARCHE
El dirigente nacional también enfatizó que existe una gran preocupación en su Institución porque los gobiernos de estos últimos años han estado implementando algunas medidas de parche, a través de una ley corta que mejora las condiciones para el personal de forma momentánea y no de fondo.
“Requerimos una medida estructural; una carrera que hasta el momento no se ha desarrollado. Yo no sé si llegan o no llegan los recursos, pero en la evidencia, en el trabajo a diario que nosotros desarrollamos no se perciben que haya mejoras sustanciales y estamos en un lugar que no nos da dignidad, pese a que nos exigen dar dignidad a la población penal”, remarcó el dirigente.
Agregó que en la actualidad forman parte de una mesa de negociación con el Ministerio de Justicia hace más de diez meses, pero ha sido un diálogo sin resultados. “Estamos trabajando dos funcionarios de Gendarmería con 400 a 600 internos por módulo y unidades penales diseñadas para 1600 y 1700 internos, hoy la triplican a cargo de los mismos dos funcionarios”.
Aclaró que, pese a que los personeros gubernamentales ven esta situación como un problema lejano, “es una problemática que afecta a todos, porque las interacciones que se dan en las cárceles es el fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad, por lo mismo, estamos con la camiseta puesta, contribuyendo a la seguridad pública, con el poco recurso que nos llega, pero merecemos respeto y que nos mejoren las condiciones laborales como funcionarios del Estado”.
Tras la exposición en que se escucharon también carencias de uniformes y de material de oficina, entre otras, la Comisión de Seguridad acordó oficiar al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para saber cuál ha sido el presupuesto invertido en personal y en equipamiento en los últimos años para determinar si se ha incrementado para atender los requerimientos del personal como también conocer en qué va la carrera funcionaria.
El senador José Miguel Durana, quien gestionó la exposición del dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), lamentó la dramática situación que viven los funcionarios de Gendarmería que claman por una carrera funcionaria digna y un trato decente, considerando que son un eslabón importante en la cadena de seguridad del país.