La Cámara Alta aprobó esta semana el convenio, visado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que establece y regular el régimen de infracciones y sanciones aplicable al servicio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica.
Al respecto, el senador José Miguel Durana explicó que el tráfico de pasajeros entre ambas ciudades fronterizas es intenso cada día más y por ello Chile y Perú acordaron suscribir este convenio que ahora deberá ser promulgado y publicado por ambos gobiernos para que entre en vigencia.
“Según lo informado por Cancillería, no existen acuerdos similares en otras regiones y países fronterizos como este e independiente de las normas específicas del acuerdo, lo que se busca es garantizar el estándar del servicio prestado, pero obviamente también rige la ley del tránsito vigente”, afirmó el parlamentario.
Agregó que el convenio añade y regula el régimen de infracciones y sanciones aplicables a cualquier persona que realice transporte remunerado de pasajeros entre ambas ciudades y su vigencia es de cerca de 20 años una vez que ambos países lo publiquen y anuncien.
La iniciativa tipifica un listado de infracciones y sanciones en el marco del Convenio de Transporte de Pasajeros entre Tacna y Arica, las cuales se clasifican en gravísimas, graves, medias y leves. Las multas varían desde los 1.000 dólares para infracciones gravísimas hasta 100 dólares las leves.
Se establecen multas en dólares como sanción en caso de incurrir en una infracción, pero pagadas en la moneda del país donde se aplicó la sanción, contemplando la posibilidad de medidas preventivas sobre el vehículo, el escalamiento de las sanciones por reincidencias, e incentivos al pronto pago de la multa.
En la determinación de la sanción se establece la ponderación debida de atenuantes, así como las circunstancias en que el hecho ha acaecido, en el marco de un proceso donde el transportista posee una etapa procesal para hacer sus descargos y presentar evidencia.
Se considera que existirán múltiples beneficios para el país, destacando, en primer lugar el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y nacional, permitiendo que ambos países refuercen la vigilancia y el control de fronteras, disminuyendo el tráfico de drogas y el ingreso ilegal de personas.
En segundo lugar, facilita la colaboración entre fuerzas de seguridad, optimizando el flujo de información sobre actividades delictivas, y permitiendo detectar y prevenir actividades criminales, siendo más fácil interceptar y desarticular redes que operan entre ambos países.
Además, esto puede significar un impacto positivo en la reducción del crimen organizado entre ambos países, dado que una respuesta coordinada tendrá mayor impacto en las infracciones y sanciones.