El senador José Miguel «Pilo» Durana denunció que en el Terminal Puerto de Arica (TPA) se encuentran almacenados contenedores de precursores de químicos para la producción de drogas, lo que sin una fecha definida de salida representa un riesgo considerable para la seguridad y salud de la población.
Explicó que, al aumentar los decomisos, en las mercancías en tránsito hacia Bolivia, el TPA tiene estancados más de 765 toneladas en 44 contenedores, en su mayoría acetato de etilo, una carga peligrosa que debido a su alta inflamabilidad y volatilidad puede representar riesgos significativos para la salud de las personas y el medio ambiente.
En este contexto, el legislador afirmó que, en un informe elaborado por el puerto en conjunto con la Armada, en junio de 2024, se advierte, que “las condiciones como la temperatura, la humedad y la presión pueden influir en la estabilidad de las sustancias químicas, aumentando el riesgo de eventos catastróficos en caso de ignición o reacción química”.
El documento agrega que “el área de la carga está expuesta a eventos telúricos, lo que se podría concretar en la caída de alguna unidad a piso pudiéndose generar un derrame o filtración de la carga, debido al daño estructural de contendores y envases. Ante algún tsunami, podría verse expuesta al agua y posterior arrastre hacia la ciudad”.
Frente a un incendio, el parlamentario dijo que se podría provocar una contaminación ambiental de proporciones y que ante eventuales fugas de las sustancias químicas se afectarían perjudicialmente los ecosistemas marinos terrestres adyacentes, así como la salud de la población y la seguridad alimentaria si se contamina el suministro de agua.
“El informe es lapidario y la destrucción de estas sustancias representa para Chile casi $300 millones de pesos, ya que la empresa más cercana con certificación está en Antofagasta; por lo mismo, es necesario que el gobierno destine recursos de emergencia, a la brevedad, para estos fines”, afirmó el legislador.
Otro de los aspectos a considerar es que la certificación de embalaje de estas sustancias químicas vence durante este año, generando incertidumbre la seguridad del almacenamiento y el deterioro que se produce, además que caduca la garantía para manipular estas cargas peligrosas de manera segura para su transporte o disposición final.
“La carga almacenada está limitando la capacidad de ocupación para otras cargas peligrosas ya que los costos de almacenamiento a la fecha suman casi 5.000,000.20 USD, pero lo más grave es que una explosión por combustión que podría resultar en pérdidas humanas significativas, expresado en el mismo informe”, concluyó el senador, quien anunció que esta semana realizará una presentación a la Contraloría contra todos los organismos que resulten responsables.