MALTRATO A ESTUDIANTES

La mayoría de las denuncias que recibió la Superintendencia de Educación de la región por parte de padres y apoderados fue por esa causa.

Según cifras dadas a conocer por la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, entre los meses de noviembre de 2013 y octubre de 2014 se presentaron en total 104 denuncias provenientes de padres y apoderados de diferentes establecimientos educacionales de la Región.
De estas, las materias más recurrentes son las de maltrato a estudiantes, con un total de 50 denuncias ingresadas, la no renovación de matrícula con un total de 8 denuncias, medidas disciplinarias con un total de 22 denuncias y 6 denuncias relacionadas con discriminación y procesos de admisión arbitrarios. Los meses que se presentan en mayor cantidad son noviembre y diciembre de 2013 y septiembre y octubre de 2014.
Según expresa el Director Regional de la Superintendencia de Educación, Victor Silva Lam, estas cifras reflejan una inquietante realidad que existe en los establecimientos educacionales de la región. “En los últimos dos años esta cifra se ha mantenido y eso es preocupante, porque a pesar de que se les ha hecho capacitaciones a los sostenedores respecto de cómo elaborar un manual de convivencia o la importancia que tiene tener protocolos de acción para poder prevenir este tipo de situaciones, mantenemos este alto índice”.
Según detalló, este tipo de agresiones pueden ser entre estudiantes o bien de adultos a estudiantes, tanto físicas como psicológicas “y consideramos solo las que nosotros tenemos cierto grado de sospecha que efectivamente son ciertas y en las cuales se debe iniciar un proceso para determinar responsabilidades”.
También han aumentado los casos de denuncias sobre no renovación de matrículas, que si bien puede efectuarse en casos excepcionales, se estaría llevando a cabo “sin que haya un debido proceso, en donde el alumno afectado y su familia no tienen instancias de apelación ante la medida aplicada”.
PROCESOS DE SANCIÓN
Según explica el Director Regional, una vez ingresada la denuncia, se deriva a la unidad de fiscalización, donde envían a un fiscalizador a los establecimientos educacionales para que constaten en terreno su efectividad. Luego se levanta un acta y, si se comprueba que efectivamente tiene asidero, se inicia un proceso administrativo donde se constatan responsabilidades y se sanciona a los responsables.
“Pero no sancionamos al alumno, a profesores, o al auxiliar, sino que al sostenedor, porque es el responsable de que al interior del establecimiento exista un clima organizacional que proteja a los estudiantes”.
Estas van desde la amonestación por escrito hasta sanciones de carácter pecuniario, que pueden ir desde los 2 millones de pesos hasta los 40 millones de pesos por sostenedor o por establecimiento educacional.
Las más extremas, en tanto, son la inhabilitación del sostenedor como representante legal frente al ministerio de Educación (la que incluso puede ser perpetua) o bien el cierre del establecimiento educacional, es decir, la revocación del reconocimiento oficial.