Se reunieron en Arica los equipos de los ministerios de ambos países, para intercambiar experiencias.
Por segunda vez en los últimos dos años se reunieron equipos de los ministerios de Educación de Chile y Perú, para intercambiar experiencias educativas y así dar cumplimiento a los acuerdos de colaboración mutua alcanzados por el Comité de Fronteras de ambos países.
En esta ocasión el encuentro se realizó en Arica (la vez anterior fue en Tacna) y estuvo encabezado por la seremi de Educación, Giullia Olivera León, quien hizo un llamado a las delegaciones de ambos países a “hacer proyectos interesantes para la formación de nuestros estudiantes, para la unión de nuestras patrias y, sobre todo, para que los proyectos educativos peruano y chileno se potencien y proyecten en áreas esenciales”.
Asimismo, explicó que “hablar de relaciones bilaterales, no tiene que ver solo con ponernos de acuerdo en convenios del área educacional, sino además con la hermandad que debe haber entre dos países limítrofes que se interrelacionan en muchas cosas. A través de la educación es donde nosotros vamos hermanando más a nuestros niños y niñas”.
La delegación nacional estuvo compuesta por el profesional analista del Mineduc, Heriberto Vega Alfaro; la coordinadora regional de Educación Parvularia, Claudia Rojas Morales; y el coordinador regional de Educación Básica y Educación Intercultural Bilingüe, Mario Varas Ahumada.
En tanto, la delegación peruana estuvo liderada por la representante de la Dirección Regional de Educación de Tacna, Ruby Rivera Chirino; e integrada por la coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, Silvia Alvarado Torres; coordinadora del Programa Educativo Logros de Aprendizaje (PELA), Lourdes Vargas Ordoñez; y el representante de la Dirección Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación del Perú, Esteban Gutiérrez Crispi.
En otra materia, la seremi Giullia Olivera destacó la promulgación esta semana de la Ley que crea un Administrador Provisional y un Administrador de Cierre para las instituciones de educación superior que presenten irregularidades que les impidan continuar con su proyecto educativo.
La ley le entregará mayores facultades al Ministerio de Educación y al Estado frente a los resultados de las investigaciones que se realicen a instituciones de educación superior, con la finalidad de garantizar la continuidad de estudios de los jóvenes que se encuentran cursando alguna carrera técnica o profesional.
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